La posición de los trabajadores ante el 7D

Se acerca el 7 de diciembre -conocido como el “7D”- fecha en que termina la medida cautelar que beneficiaba al Grupo Clarín, y en la que se discute si este debe realizar una desinversión inmediata en sus licencias audiovisuales como plantea el gobierno, o si  a partir de allí debe computarse el plazo de un año para la misma.

Clarín defiende su enorme concentración mediática, y el gobierno por su parte, un nuevo armado, incluso mas monopólico, pero en manos de empresarios amigos. Los trabajadores del Grupo Clarín estamos, objetivamente, en medio de esta disputa.

No se trata de una cuestión jurídica o comercial, la guerra por el reparto de medios refleja una división política en el campo patronal que divide aguas en el seno de la Justicia, la UIA, la cámara de diputados, los gobernadores, e incluso los sindicatos por la falta de independencia de sus direcciones.

La directiva del sindicato gráfico (SFGB) históricamente ha estado “atada” a Clarín: allí está como postal la foto de Ongaro en la celebración de los 50 años de Clarín, su acuerdo para promocionar la AFJP Activa (de Clarín) cuando la privatización de las cajas jubilatorias, o el acuerdo para que el beneficio de Médicus que tenemos los trabajadores, vaya atado a la obligación de  mantenerse en la Obra Social Gráfica a la que Clarín siempre adelantó sus cuotas. Tal vez por todo esto a Clarín le resultó tan fácil en los 90 desconocer el convenio en AGR con la implementación de la “semana desplazada”. La directiva también se ha caracterizado por su amistad con todos los gobiernos, en particular de Menem para acá. Esta subordinación a Clarín y al gobierno ahora los ha llevado a partirse, no para defender los intereses obreros, sino en función de la división en el campo patronal.

Así los delegados de Clarín Zepita escribieron una carta de apoyo a RRHH que Clarín publicó el 11/10/12, y al otro día el SFGB sacó otra carta, esta vez obsecuente con el gobierno. Ambas posiciones desarman por completo a los trabajadores ante cualquier eventual ataque, los primeros, aliados a la patronal que en el propio diario está impulsando retiros “voluntarios” (promocionados por ellos mismos), y los segundos embelleciendo la ley de medios y desinformando a los afiliados al asegurar que esta no traería aparejada ninguna consecuencia para los gráficos, mientras a caballo de su implementación esta en marcha una reorganización empresarial completa de los medios. ¿La directiva desconoce la caída en la venta del diario y los “retiros” mencionados? ¿O que en AGR imprimimos la revista de Multicanal? ¿No sabe del manejo discrecional de las licitaciones para impresiones del estado, así como de la distribución de la pauta publicitaria oficial sin considerar cantidades en tirada y ventas de diarios y revistas? ¿Desconoce que toda mayor concentración tiende a un posterior achique?

Además, los trabajadores de AGR-Clarín en el pasado ya sufrimos el bloqueo informativo a nuestros conflictos por la “unidad” patronal-estatal de los grupos mediáticos. Una nueva monopolización de contenidos no significaría más que una nueva versión de lo mismo, sólo que con Vila-Manzano, Spolszki, y Cristóbal López… en lugar de Magnetto. Las empresas periodísticas no garantizan la libertad de prensa ni de expresión, la concentración de esas empresas en torno al estado menos.  

Dentro de las empresas de Clarín, nuestra fábrica es en la que los trabajadores más hemos sufrido las consecuencias de las idas y venidas entre Clarín y el gobierno en los últimos años: de los mas de 500 policías invadiendo el taller contra la huelga del 2004 (en pleno gobierno de Néstor Kirchner), con despidos masivos (119) y persecución gremial,  a los bloqueos de 2010 y 2011 encabezados por una interna que luego arregló con la gerencia.

Con el gobierno y Clarín amigos o peleados, nunca nadie defendió a los trabajadores más que los trabajadores mismos. La lucha contra la “semana desplazada”, por la que hasta julio pasado nos obligaban a trabajar los sábados y domingos en franca violación al convenio, la tuvimos que dar también contra la complicidad del Ministerio de Trabajo. El propio Tomada dejó pasar los despidos del 2004 y la exclusión durante 7 años de representantes gremiales, luego acordó con el sindicato y Clarín el reingreso de los delegados de la Juventud Sindical que se terminaron yendo por dinero, pero mantuvo la exclusión de dos miembros de la actual interna reincorporados luego por vía judicial. 

Los trabajadores tenemos intereses distintos a los grupos en disputa, vaya como ejemplo la nueva ley de ART, celebrada por la UIA y Adeba. El gobierno la impulsó, ¿alguien piensa que Clarín pueda estar en contra? Para nada. ¿A quien perjudica? A nosotros, los trabajadores, que nos encontramos reclamando por la inseguridad industrial.

Por ello, frente a esta disputa patronal, la Comisión Interna Grafica de AGR Clarín nos solidarizamos y llamamos a los trabajadores de todo el Grupo Clarín a defender, con asambleas y unidad, en forma independiente del gobierno y la empresa, todos los puestos y condiciones de trabajo, especialmente en los medios más afectados como las radios, el cable, y canal 13/TN (Artear). Pero también en los medios gráficos, oponiéndonos a cualquier “retiro” compulsivo en Clarín Zepita, y reclamando, para el caso de nuestro taller, que se garantice la continuidad de la impresión de todas las publicaciones. Reclamamos y llamamos a unirnos por la total libertad sindical y elección de delegados en todas las empresas gráficas y periodísticas, por el cumplimiento de las paritarias en Tacuarí y la reincorporación de Mariana Cuccarese en el 13. Reclamamos que este debate se lleve al seno del pleno del cuerpo de delegados del SFGB, sin exclusiones.

Comisión Interna Gráfica de AGR-Clarín 

26-10-12

La Federación Gráfica, entre dos amos

La Comisión Interna gráfica de la planta donde se imprime el diario Clarín -Zepita- emitió hace diez días un comunicado de completo apoyo a la patronal, de cara al 7D.

La Interna sabe, sin embargo, que Clarín impide la elección de una comisión interna de periodistas, luego de los 117 despidos de hace 12 años -que incluyeron al total de los delegados de prensa. Este golpe debilitó enormemente al sector gráfico que, a su vez, perdió valiosas conquistas. Así se fueron los mejores salarios, el “doble cierre” de los fines de semana y el régimen de las seis horas y del franco cuatro por uno -hoy Clarín trabaja ocho horas que incluyen dos falsas extras-, una conquista de convenio entregada por la burocracia ongarista en todos los diarios -La Nación trabaja 12 horas normales con un régimen especial de francos. Actualmente, en Zepita hay una enorme cantidad de contratados; incluso los francos son cubiertos por contratados de hasta ¡once! años de antigüedad. Se han dado también falsos “retiros voluntarios”.

En oportunidad del reciente conflicto de los gráficos del diario La Nación contra despidos masivos, la Interna del diario, cuya planta queda en frente de la de Clarín en Barracas, le dio la espalda. En 2004, esta misma Interna dejó pasar el desalojo de la ocupación de planta de AGR, el taller de obra del grupo, por parte de la infantería de Néstor Kirchner, con el saldo de más de 50 despidos, entre ellos toda la comisión interna. Era cuando Magnetto y NK eran aliados. No hace mucho, la patronal despidió al periodista Ismael Bermúdez, quien fue reincorporado luego de un movimiento de sus compañeros.

En todo el ámbito de la Federación Gráfica son conocidas las prebendas de las que disfruta, no el personal, sino el grupo gremial: manejo económico de una adinerada mutual creada por la patronal y del comedor interno, horas gremiales infinitas, y hasta el financiamiento de los elementos del “piso propio”, que los miembros de esta camarilla tienen en el edificio del sindicato.

El ongarismo acompañó esta política. Un miembro de los delegados de Clarín ocupa la secretaría de asistencia social del sindicato. El sindicato fue comisionista de la AFJP Activa -propiedad del grupo Clarín- y hasta hace poco recibía adelantos de aportes a la obra social, casi no utilizada por los trabajadores del diario, que tienen una prepaga financiada por la patronal.

Ahora, el sindicato, con la obra social quebrada, giró hacia la “CGT-Balcarce”; y salió con todo a reivindicar su “compromiso con la ley de medios” y a decir que el gobierno “garantiza los puestos de trabajo”.
Esto es mentira. La ley de medios plantea una reorganización capitalista del negocio que afectará a todas las ramas de los grupos mediáticos y, por supuesto, pone en peligro la fuente de trabajo. Por ejemplo, la revista de Cablevisión y otros materiales de gran tirada son impresos en AGR-Clarín. Por otro lado, una concentración empresarial de los Cristóbal López, Szpolski y demás grupos K, plantea olas de despidos. La pelea por negocios provocó una división entre la mayoría de la comisión directiva y la Interna de Clarín.

El futuro de los trabajadores del grupo depende de los trabajadores mismos. El sindicato no ha convocado a asamblea para fijar posición; es lo que impulsará la Naranja. El tema no se restringe tampoco a las plantas del grupo Clarín, sino a toda la industria gráfica de diarios y revistas que pueda ser afectada por la reorganización empresarial de los medios. El cuerpo de delegados en pleno del gremio debe discutir el tema y adoptar la posición de los trabajadores frente a la disputa interpatronal. Sobre esta base abriremos el debate en AGR y entre todos los obreros gráficos.

EL 20 TODOS A PLAZA DE MAYO

Abajo las ART

El 24 de octubre bloqueemos el Congreso

El gobierno kirchnerista está por asestarle un golpe al derecho de la clase obrera a la salud y la seguridad en el trabajo. La nueva ley de riesgos del trabajo obligará a optar: o el resarcimiento miserable de la “administradora” (ART)… o esperar varios años hasta cobrar el juicio civil.
La extorsión es clara: empujan al trabajador a quedarse con el pago de la ART, ante la imposibilidad de aguantar hasta el juicio.
Perfecciona la privatización de los “riesgos del trabajo” que inauguraron Menem y Cavallo.
Para los capitalistas, bajará el costo de los accidentes laborales.
Por lo tanto, tendrán que gastar menos en prevenirlos.
El beneficio de las administradoras, asociadas a la burocracia sindical, crecerá junto a la inseguridad en el trabajo.
A pocos días del 17 de octubre, el gobierno ha dado una muestra de “lealtad”… pero hacia la Unión Industrial, que viene reclamando esta reforma desde hace años.
El miércoles 24, la nueva ley de ART será debatida en el Congreso. La CGT y la CTA han convocado a concentrar allí desde las 14 horas.
Marchemos masivamente, convoquemos a marchar en todas las organizaciones obreras.
Por comisiones obreras de seguridad e higiene, electas y con poder de veto sobre las condiciones de trabajo.
Por el derecho a recurrir sin condicionamientos a la demanda civil en los accidentes de trabajo.
Por un paro nacional y un plan de lucha por este reclamo, contra el impuesto al salario y todas las reivindicaciones obreras.

Abajo el salario en negro

El 10, marchemos a Plaza de Mayo

El impuesto al salario ya afecta a dos millones de trabajadores. Otros tantos han quedado excluídos de las asignaciones familiares. Mientras tanto, las sumas y los adicionales “en negro” pesan cada vez más en la conformación del salario.

Es una forma de “aplanar” las categorías y bonificaciones del convenio.

De condicionar nuestros ingresos a jornadas agobiantes.

Y de aniquilar nuestras jubilaciones futuras, que sólo se calculan sobre los ingresos en “blanco”.

La mayoría de la clase obrera -y casi todos los jubilados- están muy lejos de percibir salarios y haberes que alcancen a la canasta familiar.

Para un tercio de los trabajadores, lo único que existe es el trabajo -y el salario- en negro.

Por todas estas reivindicaciones, necesitamos un paro general y un plan de lucha de toda la clase obrera.

Y una alternativa política de los trabajadores, frente a los “ajustadores” del oficialismo o la oposición.

Con estos planteos, vamos a la Plaza de Mayo el próximo 10 de octubre.

Concurso preventivo y despidos en masa

Un salto en la destrucción de la  

obra social gráfica 

En unos pocos años el pasivo de la de la obra social gráfica pasó de 4 a 90 millones de pesos y se fueron del sistema diez mil aportantes. La reciente apertura del “concurso preventivo por cesación de pagos” (Cronista 29/08/12) marca un salto en este acelerado proceso de destrucción.  

Los ciento veinte despidos entre personal médico, auxiliares y administrativos (que podrían ser muchos más), la interrupción de las prestaciones zonales, la clausura de servicios enteros, la reducción del horario de atención de la Ciudad de la Vida, son un brutal mazazo contra la misma “familia gráfica” que supo ser el centro de la demagogia ongarista. 

El intento de echarle el fardo a las “gestiones anteriores” es absurdo; la dirección de la obra social ha estado siempre en manos de la directiva del sindicato y todas sus fracciones son cómplices del vaciamiento. Los responsables tiene nombres conocidos: Ongaro, Abraham,  Amichetti y varios más que ya no figuran como Andrés Avellaneda.  

Aunque resulta educativo que sea el ala “progre” de la Verde encabezada por Amichetti quien acometa la tarea patronal de despedir en masa trabajadores que no cuentan siquiera con la defensa de un cuerpo de delegados; trabajadores que soportaron el cobro fraccionado de salarios y aguinaldos, el no pago de aumentos paritarios, el aporte compulsivo a la Verde y sobre todo su utilización como tropa de maniobras para asegurarse el control de asambleas generales y elecciones.  

En las últimas semanas una guardia de seguridad reforzada se plantó en las entradas de la clínica con una planilla indicando quién pasaba y quién no. Con este método propio de un vil negrero el nuevo consejo directivo se quitó de encima a ciento veinte trabajadores, la mayoría de ellos con muchos años de antigüedad y de compromiso con la OSPG. 

Los despidos (que no incluyeron ñoquis notorios o familiares de secretarios, como la mujer de Ongaro) buscan aliviar la situación de la caja corriente pero solo agravan el pasivo económico ya que ahora vendrán juicios millonarios por las múltiples deudas y las indemnizaciones que se pretenden abonar al cincuenta por ciento. 

El drástico ajuste contra la salud de los gráficos es un paso al abismo; empeorará más aún los servicios médicos y no resolverá nada porque no ataca las causas de la bancarrota: las deudas patronales y del estado - que no conforme con quedarse con la plata de la ANSES confisca los fondos de las obras sociales -, los negociados (recordemos que la OSPG es una de las implicada con la mafia de los medicamentos adulterados), la caída en flecha de la cantidad de aportantes y la reducción de los aportes por la degradación de la escala salarial y de la cápita jubilatoria.  

El concurso es la antesala de la quiebra; ¿vendrá luego la liquidación de los activos y los inmuebles? Sin dudas está en juego el patrimonio histórico de generación de gráficos.  

La defensa de la obra social de los gráficos requiere que cada taller se pronuncie por una asamblea general para rechazar el ajuste contra la salud, por una comisión de base que investigue los libros y denuncie a los vaciadores ante la justicia, que se ejecuten los bienes personales de los responsables,  que se resuelva una plan de movilización para exigir al gobierno nacional y a las patronales deudoras los recursos que son de los trabajadores gráficos; para revertir los despidos, eliminar los ñoquis y votar un nuevo consejo directivo con participación de activos, jubilados y trabajadores de la obra social, por la inmediata organización gremial del personal de la clínica central. 

Dirección de La Lista Naranja Gráfica 

El voto a los 16 años·

La iniciativa oficial de habilitar el voto a partir de los 16 años se produce en el contexto político de una intensa actividad de las organizaciones paraestatales en escuelas y en colegios; en especial, de La Cámpora. Se pretende imponer en la juventud el “modelo” de regimentación que impera en los sindicatos y en las organizaciones sociales -esto con independencia del hecho de que esa regimentación se encuentre hoy en plena crisis, como consecuencia del ascenso de los sectores independientes y combativos, así como de la descomposición de la burocracia sindical. El régimen político actual, que tiende cada vez más al poder personal y al gobierno por decreto, necesita esa regimentación como método político de gobierno. El voto a partir de los 16 años sería la bandera “democrática” que serviría para encubrir esa labor regimentadora. El proyecto llega después de varios escándalos en este sentido -entre ellos, el que denunciaron los compañeros de la UJS de Tandil, donde los “talleres” de La Cámpora intentaron disolver un encuentro de centros de estudiantes, convocado en forma independiente del Estado. Para que adquiera el carácter de una medida realmente democrática, ese voto requiere la libertad de organización de la juventud en los lugares de estudio y de trabajo, y los jóvenes asumirían la responsabilidad de combatir toda tentativa de estatización ideológica y de organizar la confrontación de ideas entre las diversas corrientes políticas. Una posición que no combata a fondo todas y cada una de las tentativas para someter al Estado la organización popular constituiría un completo abandono de todo atisbo de estrategia de independencia obrera y una capitulación ante el bonapartismo.

En oposición a esta instrumentación regimentadora del derecho al voto para los mayores de 16 años reclamamos:

1. que se establezca la formación de centros de estudiantes electos en todos los ámbitos educativos, públicos y privados, laicos y confesionales;
2. la reducción de la edad para ser delegado gremial, que es hoy de 18, hasta los 16;
3. libertad de ingreso de los partidos políticos en los lugares de estudio y de trabajo -al menos durante las campañas electorales- para que realicen actividades de propaganda organizadas por los cuerpos de delegados estudiantiles y obreros.

La política oficial no es para nada improvisada: tiene un carácter estratégico. Lo revela la actividad febril de La Cámpora para crear una federación universitaria paraestatal -para combatir a la FUA histórica- o el sabotaje que desarrolla contra la Fuba, en función de un objetivo similar.

Un elemento adicional, aunque no por ello menos importante, es la “curiosidad” de que el proyecto determine que el voto juvenil tenga un carácter “optativo”, sin la menor fundamentación para este apartamiento de la norma constitucional que establece el carácter obligatorio del sufragio. Para que se pueda implementar un voto voluntario, es necesario crear antes un registro de los ciudadanos que opten por el voto; de lo contrario, se podría crear un “mercado” de documentos de identidad: el alquiler de los DNI.

A la luz de todo esto, no es cierto que el kirchnerismo reivindique el voto a partir de los 16 años, el cual tampoco sería obligatorio, sino que desnaturaliza su capacidad para que sirva como un factor de maduración política de la juventud, porque lo convierte en instrumento de regimentación, de coacción y de fraude del poder personal del bonapartismo. Es necesario advertir lo siguiente: la oposición de los socialistas al bonapartismo debe ser estratégica; si -como ocurre con el centroizquierda- tiene un carácter fragmentario u ocasional, se convierte en un “escort” del poder político capitalista realmente existente.

La necesidad histórica del voto juvenil

No sólo hay una oposición de izquierda y socialista al bonapartismo capitalista, también existe una oposición de derecha y seudoconstitucional. Para esta oposición, los jóvenes de 16 a 18 años carecerían de la capacidad jurídica para votar y, lo que más importa, de la madurez necesaria -aunque no se sabe si se refiere a madurez política o psicológica. Esta oposición derechista al voto juvenil es comprensible: históricamente, ha cedido a regañadientes la ampliación del padrón electoral. Ahora, no quiere incorporar al sector que la crisis capitalista y el derrumbe de los servicios sociales y de la educación ha convertido en la víctima principal y en el sector más golpeado y explotado.

¿Hace falta decir que la madurez política no es un resultado absoluto de la madurez biológica? ¿O advertir que la maduración política es un desarrollo desigual, que depende del lugar que cada uno ocupa en la estructura de la explotación social, de la experiencia que emerge de este hecho y, fundamentalmente, de la que resulta de la participación en la lucha social y política? Los partidos patronales instrumentan el derecho al voto para embrutecer a la población por medio de mentiras y por la desnaturalización de la propaganda política, a la que convierten en tandas de publicidad. Este mismo gobierno, que reivindica la política, se jacta de haber igualado la presencia de los partidos en los medios mediante el otorgamiento de espacios mediáticos, los que sólo alcanzan para una presentación publicitaria y que limitan el desarrollo de una propaganda política. Bonapartistas y seudoconstitucionales ensalzan el voto para ocultar la limitación insuperable de ese derecho, que en la práctica significa una delegación del poder y la proscripción para intervenir cotidianamente en las decisiones políticas.

Para los partidos revolucionarios es al revés: se esfuerzan por tomar el derecho al voto para desnudar sus limitaciones y para oponer a la delegación del poder en beneficio de una oligarquía política, el ejercicio directo del poder por medio de métodos asamblearios. Para los revolucionarios, ese derecho al voto, históricamente limitado, es una ocasión para desarrollar una propaganda socialista, para explicar un programa, la oportunidad para que los explotados expresen sus agravios y sus reivindicaciones -y para que se organicen sobre la base de esas reivindicaciones. Para los partidos que tenemos una participación activa en el movimiento de la juventud, el derecho al voto a partir de los 16 años se convertiría, en condiciones democráticas y no regimentadoras y estatizadoras, en un instrumento adicional para desarrollar la maduración política de la juventud explotada y estudiosa.

El centroizquierda, por el contrario, pusilánime y mediocre por definición, ha salido a repetir lo que ya hemos escuchado en YPF o en Ciccone; a saber: que apoyan al proyecto oficial, “haciendo reserva” de las intenciones manipuladoras del gobierno. Desconocen el carácter estratégico que debe tener toda oposición real al bonapartismo y son, por supuesto, adversarios de una oposición estratégica al capitalismo y a los regímenes políticos que lo encarnan. De este modo, su voto por la expropiación de Ciccone ha servido para rescatar a Boudou; el voto por la estatización parcial de YPF, en una vía de entrada para la norteamericana Chevron; y el voto a partir de los 16 años, en un instrumento de propaganda de los aparatos paraestatales que trabajan para regimentar a la juventud. En definitiva, ignoran -más precisamente, combaten- el carácter estratégico de la independencia política de los trabajadores y de la juventud -o sea que la emancipación de los trabajadores solamente podrá ser obra de los trabajadores mismos.

Nuestro planteo

Desde el Partido Obrero, denunciamos políticamente el proyecto oficial como un intento de encubrir la política de estatización de la juventud. A esta tentativa oponemos lo siguiente:

1. El derecho a la organización libre de centros de estudiantes en todos los campos de la educación -secundaria, universitaria, pública o privada, confesionales o no.
2. La libertad de difusión política para todas las tendencias y partidos en el ámbito de las escuelas públicas o privadas, lugares de trabajo, liceos militares, institutos correccionales, etcétera.
3. El derecho a ser electo delegado gremial desde los 16 años (la actual legislación sólo lo permite desde los dieciocho).
4. El voto universal a partir de los 16 años.

Llamamos a las federaciones estudiantiles secundarias y universitarias, a los movimientos de artistas jóvenes y a toda la juventud explotada a tomar en sus manos esta lucha, y a denunciar los talleres “oficiales” y todas las tentativas de regulación paraestatal de la juventud.

Jorge Altamira

Asignaciones para todos

Que Moyano lance un plan de lucha

Con el título “asignaciones para todos” Moyano ha lanzado, desde un acto en Neuquén, una campaña por un millón de firmas para una iniciativa popular legislativa. Desde luego, como Moyano dispone de diputados propios, no se trata de un recurso para que el proyecto de ley entre en la cámara, sino para canalizar el reclamo por esta vía. Muy poco, teniendo en cuenta que venimos de una Plaza de Mayo de 70 mil personas por esta reivindicación y por la anulación del impuesto al salario.

Moyano, que realizó piquetes para cambiar de encuadramiento a trabajadores que pasaron al convenio camionero con el aval del Ministerio de Trabajo, el pasaje a la oposición lo ha “parlamentarizado”. Sus movimientos políticos son inconfundibles, con Venegas y Buzzi, en el reclamo de la devaluación y hasta de la quita de las retenciones al capital agrario. O en sus reuniones con los radicales, o con el ex duhaldista -y ahora macrista- Cariglino. Los nexos de Moyano con Macri parecen llegar tan lejos que han producido ruido hasta en el gabinete macrista: el ingreso de Covelia en la capital en los próximos años sería una de las perlas de esa negociación.La iniciativa recuerda, y mucho, a la juntada de firmas de la CTA en tiempos previos al Argentinazo, una experiencia distraccionista en vísperas de la rebelión popular.
El movimiento obrero está brindando señales claras de su rumbo frente al ajuste,del que forma parte la aniquilación de las asignaciones familiares. La masiva huelga y movilización de los estatales cordobeses, la gran huelga azucarera en El Tabacal de Salta; en esa misma provincia, la huelga general de ocho semanas de los eléctricos de Trasnoa; las huelgas docentes en Capital, Santa Cruz, Mendoza y, en su momento, junto a los estatales de la provincia de Buenos Aires, contra el aguinaldo en cuotas.

Sin embargo, la CGT no juega en ellas ningún papel, parece estar más cerca de De la Sota que de sus estatales en huelga, más cerca de Scioli que de los suyos y más cerca de Macri que de los maestros que defienden la educación pública. Frente a la represión a los azucareros por parte del gobernador semikirchnerista o de los compañeros del Argentina Trabaja en Panamericana, Moyano no abrió la boca.

En resumen, Moyano está poniendo la CGT al servicio de la burguesía opositora, no de la clase obrera, de sus reivindicaciones y de su lucha práctica por ellas.

En esa compresión y denunciando esta política, juntaremos firmas en todos los gremios por la justa reivindicación de la eliminación de todo tope en las asignaciones familiares. Pero exigiendo un plan de lucha por ello y por la elevación de su monto a 700 pesos para todos los hijos de los trabajadores.

Nestor Pitrola

Ciccone

Ongaro apoya el rescate de los Ciccone

            El apoyo de la Federación Gráfica Bonaerense a la expropiación de la ex Ciccone, expresado en un comunicado y entrevistas a diversos dirigentes, busca disimular su completa impotencia ante la larga declinación de la empresa.

            La burocracia ongarista se suma ahora al coro que defiende el arbitraje estatal como “una recuperación de soberanía en la línea de lo hecho con YPF” e incluso como un paso trascendente en “la integración de la patria grande latinoamericana” (?) afirmando falsamente que “es algo que veníamos sosteniendo a través de los años”.

            Pero la realidad es que Ongaro se ubicó siempre, por acción u omisión, junto a alguno de los grupos capitalistas - ligados a distintas fracciones del poder - que se disputaron el control de la compañía. Y sobre todo junto a los hermanos Ciccone.

            En el 2009, durante uno de los tantos períodos de paralización de la planta, Ongaro se dedicó a gestionar por intermedio de las Madres de Plaza de Mayo apoyo financiero oficial y hasta aportó dos millones de pesos de los fondos sindicales para el pago de salarios.

            Luego, en el 2010, cuándo se canceló el contrato de alquiler de Boldt y  se levantó la quiebra que permitió el ingresó de The Old Fund, puertas adentro, los representantes sindicales defendieron sin reparos la gestión de Tabanelli.

            Incluso cuando el escándalo Bodou-Vandenbroele estaba en todos los titulares y la prometida impresión de billetes llevaba ocho meses sin despegar,  el sindicato publicó una solicitada reclamando “que los billetes que alguna vez se hicieron en Brasil o en otros países deben hacerse ahora en Argentina”, sin rozar siquiera el tema del negociado.

            Y ahora que el derrumbe de esa operación fraudulenta obligó al gobierno a intervenir para rescatar a la empresa e intentar  salvar a Boudou y los involucrados, el sindicato se vuelve a revelar como un mero compinche del nacionalismo patronal que mantiene a los trabajadores como convidados de piedra.

            En síntesis: en ningún momento la Federación Gráfica Bonaerense exigió la estatización de la empresa como sí lo hizo la Naranja Gráfica. Ahora, con al empresa quebrada y ante un caso de lavado de dinero, avaló el rescate de los empresarios quebrados, que deberían pagar con sus fortunas las deudas a la AFIP, cuyas máquinas y edificio deberían pasar al estado sin compra alguna del paquete accionario y preservando todos los puestos de trabajo y el convenio colectivo gráfico.

Impulsamos inmediata asamblea general –que no se ha hecho- para fijar una posición sobre temas vitales como la apertura de los libros y el fin de los curros, el encuadramiento convencional, el control obrero de la producción y la formación de un directorio integrado mayoritariamente por representantes de los trabajadores votados en asamblea, rotativos y revocables.

Miguel Bravetti

Ciccone, una radiografía del estatismo oficial

Los senadores y diputados oficialistas que defendieron la expropiación de Ciccone en el Congreso lo hicieron en nombre de la ‘soberanía monetaria’. Naturalmente, la capacidad de imprimir billetes en una planta propia no le da ‘soberanía’ a un régimen que emite moneda para subsidiar a privatizadores, o sostener la especulación con la deuda pública. En cualquier caso, el kirchnerismo sólo llegó a la estatización después de haber fracasado en una re-privatización de la gráfica con fondos turbios, impulsada desde el propio gabinete. La justicia investiga al vicepresidente por su participación en ese negociado, que lo tendría cerca del procesamiento.

El gobierno dice que “no pagará un peso” por la gráfica, ya que podría compensar el valor de sus activos con la deuda acumulada con la Afip. Los que afirman esto no tienen en cuenta que, a través de ese arreglo, los actuales accionistas dejarán de pagarle al fisco unos 250 millones de pesos. Pero la expropiación “sin pago” no pasaría de una expresión de deseos. Ocurre que “hay acreedores en el concurso con privilegios mayores que la Afip” (La Nación, 9/8). Según algunos especialistas, la vía elegida por el gobierno, la expropiación de las acciones de la gráfica -y no de sus máquinas- es “un proceso más rápido, pero muchísimo más costoso” (La Nación, idem). Acaba de revelarse que entre los aportistas a la misteriosa sociedad que pasó a controlar Ciccone están los banqueros Brito y Moneta. En estas condiciones, la expropiación no sólo encubriría el negociado anterior, sino también facilitaría otro rescate de intereses privados con los recursos del Estado. Como prueba de ello, ninguno de los supuestos expropiados -los nuevos accionistas de Ciccone- han abierto la boca contra la medida oficial. El mismo Vanderbroele, según informan los diarios, habría servido de nexo entre los Ciccone -hoy accionistas minoritarios- y el Estado, en torno de este arreglo.

Adicionalmente, la expropiación buscaría tapar el vaciamiento de la Casa de Moneda, que tuvo como contrapartida la tercerización en la producción de billetes. El último de ellos, con la ‘nueva’ Ciccone, se vino abajo con el escándalo de Vanderbroele-Boudou.

Frente a estas imputaciones, el oficialismo ha defendido el proyecto afirmando que las investigaciones judiciales sobre Ciccone “corren por cuerda separada”. Con el mismo argumento, Juez y Solanas se han plegado al kirchnerismo, y “confiando en la justicia”. Los diarios oficialistas, sin embargo, anticipan que el caso Ciccone- Boudou podría terminar en la justicia con un gigantesco cero. En el recinto, Pino Solanas habló contra las ‘mafias’, pero terminó dando un cheque en blanco a este salvataje mafioso. El mismo que otorgó a la ‘nueva’ YPF, que, una vez “estatizada”, salió de inmediato a negociar con Chevron y Exxon Mobil.

En el senado, Luis Juez también levantó la mano, en disidencia con los senadores del FAP y de Morandini, la otra integrante del juecismo. En Diputados, el FAP se partió en tres, con los juecistas votando a favor, los socialistas y el GEN en contra y la abstención de Lozano. La expropiación de Ciccone dejó ver la inconsistencia del bloque centroizquierdista que se plantea como “alternativa” al gobierno.

Toda esta operación de rescate económico y político de grupos capitalistas nada tiene de ‘nacional’. Pero en lo sustancial, reitera toda la saga de las estatizaciones kirchneristas.

Para fundamentar el voto por la expropiación, el senador oficialista Fuentes dijo que “el estado es el único que hoy tiene capacidad para acumular capital, dirigir y planificar la actividad con los privados”. (La Nación, 20/8). Pero ninguna de las estatizaciones kirchneristas es el resultado de un plan deliberado. Han sido impuestas por la crisis capitalista y el “derrumbe” del modelo. Ciccone-Boudou-Brito se inscribe en la línea de YPF -Esquenazi o TBA-Cirigliano. Ciccone es sólo la versión grosera del estatismo kirchnerista, que es siempre una variante de rescate del capital.

MARIANO, UNA NUEVA ETAPA

La lucha por la condena a los responsables del crimen de Mariano y del daño sufrido por nuestra compañera Elsa Rodríguez ingresó en una nueva etapa.

Una fase aún más dura y encarnizada, adentro y afuera de los tribunales.

Adentro, enfrentamos las tentativas dilatorias de los abogados de Pedraza, la patota y los policías involucrados.

Han exigido, de nuevo, postergar el juicio, impugnar su desarrollo y hasta las evidencias que pesan en su contra.

Pero los videos que ellos mismos pidieron proyectar fueron abrumadores.

Por la sala del tribunal desfiló la trama de un crimen político perpetrado por la burocracia sindical con el concurso necesario de la Policía Federal, los capitalistas de la concesión y el aparato ministerial de Transporte y Trabajo.

Esta trama es la misma que después llevó a la tragedia de la estación Once.

El mismo gobierno, que se encuentra entrelazado a todos los protagonistas de esta trama perversa, ha emprendido la misión imposible de adjudicarse el comienzo del juicio.

Se trata de un desatino, en momentos en que la ‘CGT Balcarce’ –de la Rosada– acoge en sus filas a la burocracia de la Unión Ferroviaria, en cuya sede se reunirá el Confederal que reclamará luego la legitimidad al Ministerio de Trabajo.

O cuando el servicio penitenciario del “Vatayón Militante” ha sacado a pasear, también, a Cristian Favale.

La burocracia de la Unión Ferroviaria ha lanzado incluso un ultimátum: en una solicitada publicada en La Nación anuncia la “defensa incondicional” de sus miembros, o sea con independencia de que sea probada su participación criminal.

El juicio que se inició el lunes es el producto de una movilización popular que doblegó, hasta ahora, las maniobras políticas de la impunidad; para derrotarlas en forma definitiva se necesita más movilización.

Debemos encarar la nueva etapa con un espíritu de movilización creciente y con la conciencia de que no se juzga un crimen individual, sino un crimen político de la clase capitalista, la burocracia sindical y el Estado contra la clase obrera, contra su juventud militante y contra la democracia política.

LOS COMPAÑEROS DE MORVILLO SE PRONUNCIAN

Trabajadores de morvillo exigimos perpetua a pedraza y a su patota y ala policia a la patronal de ugofe y a los responsables politicos, este lunes 6 a las 8 hs vamos todos a comodoro py . JUSTICIA PARA MARIANO FERREYRA

EL LUNES 6 DE AGOSTO, TODOS A COMODORO PY

LOS COMPAÑEROS DE INTERPACK PLANTA 1, TAMBIEN SE SUMAN A LA CAMPAÑA PIDIENDO JUSTICIA POR MARIANO. PERPETUA A PEDRAZA Y SU PATOTA

LOS TRABAJADORES DE AGR CLARÍN SE PRONUNCIAN POR JUSTICIA PARA MARIANO FERREYRA Y PERPETUA A PEDRAZA

-Que paguen todos los responsables de este crimen contra la juventud y la clase obrera!. Incluidos policías, funcionarios y empresarios.
-Fuera las patotas sindicales.
-Abajo la tercerización y la precarización laboral.

Por Mariano Ferreyra ¡JUSTICIA!

 Todos a los tribunales de Comodoro Py el 6 /8 a las 8 hs

El 6 de agosto comenzará el juicio oral y público por el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra y por las graves heridas sufridas por Elsa Rodríguez y otros trabajadores.
En el banquillo de los acusados estarán Pedraza, jefe máximo de la Unión Ferroviaria, miembros de su patota y oficiales de la Policía Federal que colaboraron con el ataque criminal.
Mariano fue asesinado por participar de un reclamo para que los obreros tercerizados pasaran al convenio ferroviario.
En su condición de tercerizados tenían un salario 50 por ciento inferior al de los obreros de planta, por igual trabajo, y eran explotados por empresas truchas, como algunas del mismo Pedraza, que malversaban subsidios del Estado con la complicidad del gobierno nacional.
Los funcionarios de la Secretaría de Transporte, como Jaime y Schiavi, sin embargo, no comparecerán en el juicio, y tampoco las patronales de Ugofe, partícipes del negociado y colaboradoras de la patota.
Esta trama de intereses es la misma que ocupa la primera responsabilidad en la masacre de Once.

Pedraza busca su impunidad no sólo alterando pruebas o intentando coimear jueces de Casación: ahora opera junto a los ‘gordos’ para armar la CGT ‘Balcarce’ con el gobierno nacional y operan juntos en la interna de la CGT.

De esta red de influencias pretende valerse Pedraza para lograr su impunidad, como ocurriera con los responsables de los asesinatos de Cabezas, Puente Pueyrredón, los campesinos Qom y el maestro Carlos Fuentealba, entre otros.

Hay que cambiar la historia.

La condena de los asesinos de nuestro compañero Mariano no sólo será un acto de justicia: será también un gran avance contra la superexplotación, un golpe contra la burocracia sindical y un gran paso al frente para la causa de la democracia sindical y la independencia de los sindicatos de los patrones y el Estado, -y servirá para desnudar la corruptela que enlaza al Estado con los capitalistas.

El asesinato de Mariano ha sido un crimen político contra la juventud obrera, estudiosa, militante y socialista; la condena de la patota y de Pedraza, y de la policía, es una causa nacional.

El próximo 6 de agosto tenemos una cita clasista, cívica y libertaria, desde las ocho de la mañana, en las puertas de los tribunales de Comodoro Py.

La Cámpora y los “gordos”, una pareja despareja

La situación política luego del Congreso de la CGT
La foto de Cristina con los “gordos” y compañía -con Gerardo “Batallón 601” Martínez a su derecha- hubiera debido provocar una conmoción entre “camporistas” y “evitistas” si realmente representaran a las juventudes militantes y a los movimientos sociales. Muy lejos de eso, simplemente prueba que son carreristas políticos al servicio del mejor postor. Esta gente denunciaba a la izquierda que concurrió a la movilización contra el impuesto al salario como “funcional” al moyanismo.
¿Es verdad, de todos modos, que el gobierno ha logrado una nueva base de apoyo en los sindicatos, más sólida, y que ha logrado aislar a Moyano, como opina la prensa oficial?

“Pluralidad sindical”

La CGT devota del gobierno es todavía inexistente. Promete cobrar vida en octubre. Bastante antes de eso, parece haber perdido a su secretario general, Antonio Caló, quien pegó el faltazo en la Rosada. La convocatoria al Consejo del Salario deja al desnudo el completo impasse del gobierno, porque deberá sancionar un nuevo salario mínimo con la exclusión de las dos terceras partes de los sindicatos -esto si agregamos a las CTA y a Barrionuevo, los que serían excluidos junto a la CGT Moyano. Se sume o no al oficialista Yasky a dicha convocatoria, de todos modos oficializaría una lucha política abierta en los sindicatos, apuntando al gobierno. El esquema corporativo del Consejo del Salario se vería seriamente cuestionado, porque pondría en un brete a la representación patronal, afectada -además- por la crisis del mercado de cambios y por la caída de la producción industrial. Si, como es de prever, el salario mínimo -hoy de 2300 pesos- se ajustara a la baja (en relación con la inflación), daría un motivo adicional para agudizar las reivindicaciones obreras.
Al rompecabezas sindical del gobierno le faltan muchas piezas, por eso se ha estado hablando de establecer un “modelo” de “pluralidad sindical”. ¿Lo aceptarán los “gordos”, quienes verían cómo se forman sindicatos paralelos en sus feudos? El gobierno ha apresurado la apertura de una caja de Pandora, porque la disgregación del aparato burocrático ya está en pleno desarrollo, como se ve en el sindicato textil, donde los congresales han ido para un lado -la CGT de Moyano- y el secretario general, Lobais, parece inclinarse para el otro. Cuidado con confundir las cosas y con errar en la caracterización de lo que está ocurriendo: no es la unidad del movimiento obrero lo que se ha roto, sino que se volatiliza el aparato de la burocracia sindical y la regimentación del Estado. El “ajuste” y la crisis capitalista penetran todos los poros de la vida política, al punto que se repiten con frecuencia mayor las huelgas policiales.

Pedraza

El desmembramiento de los aparatos se aprecia por sobre todo en la Unión Ferroviaria la cual, sin embargo, está dominada por una camarilla fuertemente sostenida desde la Secretaría de Transporte. Aquí golpea con todo la crisis completa en que se encuentran las concesiones ferroviarias y del subte. El mismo día de la entrevista cómplice de CFK con los “gordos” que colaboraron con la dictadura, Pedraza firmó su renuncia al consejo directivo de la CGT anterior a la escisión, para poner a la UF en la central que prometen formar los “gordos”. El cambio, sin embargo, vino acompañado con una advertencia al gobierno: que trabaje por la excarcelación de Pedraza o por su impunidad. En Mar del Plata, la Unión Ferroviaria acaba de votar una declaración amenazante, porque dice “que confía plenamente en el deseo del gobierno nacional de que prevalezca la verdad y lejos está de vislumbrar (ojo) que desde el gobierno nacional se esté mediando a fin de propiciar la condena de nuestros compañeros encarcelados” (Crónica, 8/7). El Juicio Oral y Público contra la patota asesina de Mariano Ferreyra se ha sumado abiertamente a la crisis de la CGT y cuestiona el operativo del gobierno de formar una organización paralela a la de Moyano. De paso, preguntamos: ¿por qué no dice nada sobre esto Horacio Verbitsky, quien pretende escribir la columna periodística mejor informada en la edición dominical de Página/12?
La intención oficial de gobernar arbitrando un ala del aparato sindical ha nacido muerta. Opera, además, sobre el campo minado de la crisis capitalista y de los ajustes. Las cartas que se reservó el gobierno para ofrendar a la burocracia “gorda” -el aumento del salario mínimo y del mínimo no imponible a ganancias- defraudarán a todo el mundo, porque el salario no sobrepasará el tope del 18% fijado por el propio oficialismo (en dos rubros donde el atraso supera holgadamente el año).

Manotazo a obras sociales

La madre de todas las batallas es la que anuncia el propósito del gobierno de crear un sistema público de atención a los tratamientos complejos, expropiando las obras sociales a los sindicatos. Manda la caja: son 30.000 millones de pesos. Habría que ver cómo quedaría el sistema con la medicina privada, la cual se beneficia de las contrataciones de las obras sociales. El gobierno se convertiría en el intermediario privilegiado de un negocio enorme. Es un asunto acuciante, porque al momento actual el gobierno está atrasando los pagos a las obras sociales y por eso ha acumulado una deuda enorme con la burocracia de todos los gremios. En la entrevista de CFK con la delegación encabezada por el “Batallón 601” Gerardo Martínez, este tema -el tema de los temas- fue “discretamente” soslayado. Esto explica que, según los diarios, el que salió más insatisfecho de la reunión haya sido Cavalieri.
¿Es viable, como pretenden los “jóvenes militantes”, sustituir la burocracia sindical por una “relación directa” de CFK “con las bases”, llevando al extremo el poder personal? El planteo es políticamente reaccionario (hay que decirlo con todas las letras), porque supone no la independencia de la clase obrera, sino la destrucción de los sindicatos. Los “camporistas” que apoyan este planteo desearían convertirse en una correa de transmisión del Estado en los sindicatos convertidos en asociaciones civiles. Suponer, sin embargo, que el gobierno podría operar este cambio en el marco del ajuste es una demostración de que la crisis política empuja a los oficialistas al aventurerismo. Este planteo es la justificación “programática” de la iniciativa de reformar la Constitución para la tercera -o cuarta- reelección de los K.

Política y sindicatos

Curiosidades que produce la crisis, al corporatismo oficial le sale al paso un Hugo Moyano parlamentarista, que plantea “repensar el voto de 2013”. Moyano se adelanta a un hecho consumado, porque es claro para cualquiera que no se repetirán los alineamientos ni los resultados electorales de 2011. De apariencia desafiante, el planteo es en realidad mendicante: Moyano está pidiendo un lugar en una lista para el año que viene y que no tiene la menor idea de cuál podría ser, porque el proceso político está cambiando todos los días -la última novedad es que Binner, nuevamente deseoso de encabezar una alianza con la UCR, se manifestó dispuesto a incorporar a las discusiones al duhaldismo. El moyanismo sólo plantearía la formación de un partido de trabajadores como un recurso extremo ante el avance de la izquierda revolucionaria fusionada con el movimiento obrero.
“Repensar el voto” ha funcionado como el comodín de Moyano para no plantear un plan de lucha contra el impuesto al salario, los impuestazos que vienen en avalancha y el apoyo a las decenas de luchas que se desarrollan por todos lados. Moyano designó como su vice -secretario adjunto- a su propio Cobos o Mariotto, el burócrata del petróleo de Neuquén, quien es director del gobierno en YPF y que apoya la política extranjerizante del gobernador de su provincia, Sapag -fue ministro de Trabajo de Sobisch, responsable político del asesinato de Carlos Fuentealba. Pereyra invitó a “sentarnos a discutir el tipo de cambio”, lo que pone a la CGT de Moyano en el campo de los que propician “un golpe de mercado” -o sea, un “rodrigazo”. La heterogeneidad y las contradicciones de los realineamientos en la burocracia sindical anuncian nuevas crisis y nuevos cambios.

Fin de época

El movimiento obrero no puede continuar por el camino que le han trazado el gobierno y las burocracias sindicales de distintas características. Transita definitivamente una nueva etapa. La fusión del movimiento obrero y la izquierda revolucionaria dará lugar a la fuerza histórica encargada de dar una salida socialista a la crisis mundial del capitalismo

Nestor Pitrola

Triunfazo gráfico en AGR-Clarín

Contra la “Corpo” y contra la complicidad de Tomada
Desde el 1º de julio hemos conquistado el fin de la “semana desplazada”, por la que se trabajaba sábados y domingos como horas simples. Lo hicimos defendiendo el plus salarial que cobraba el sector que lo sufría, que ahora se extenderá a los otros 200 obreros de la fábrica, que recibirán 1.000 pesos de viático, por encima de las paritarias.

Este triunfo -histórico para el taller- implica para todo el gremio un golpe estratégico a la flexibilización laboral y un reforzamiento de la creciente tendencia a la organización clasista.

La comisión interna anterior, que respondía a la Juventud Sindical -”famosa” por los bloqueos a Clarín y por una cámara oculta en la que se ponían precio-, había dejado pasar despidos, “invitó” a acogerse a retiros voluntarios e impulsó el pase de 54 compañeros de lunes a viernes, pero haciéndoles “resignar” el plus salarial del 20% que hoy hemos recuperado. Por lo tanto se trata de un golpe a la explotación patronal y a la política de la burocracia sindical.

El turno negrero arrancó en la década menemista. Pero su mayor defensor fue el kirchnerismo, que en 2004 ocupó la planta con 600 efectivos policiales, con camiones hidrantes y helicópteros contra una huelga que reclamaba su eliminación. Al día siguiente, Clarín despidió 119 compañeros. Bonasso y Piumato formaron parte de un operativo de apaciguamiento.Luego, con la pelea Clarín-gobierno, sobrevinieron los bloqueos moyanistas y la demoradísima intervención de Tomada, quien tras nuestra denuncia pública de su inacción en la Comisión de Trabajo del Congreso de la Nación, sólo forzó la reincorporación de los delegados K, excluyendo al congresal naranja -quien suscribe esta nota-, que más tarde reingresó por decisión de la Justicia, a siete años del despido.

La recuperación sindical del taller tuvo que sortear una persecución patronal tenaz, que contaba con la complicidad de los delegados favoritos de 6, 7, 8.

Recuperado el cuerpo de delegados, a lo largo de este medio año volvimos a las asambleas -que al principio se hicieron afuera-, se afiliaron 120 compañeros, se comenzó a informar las discusiones con la patronal, se realizaron petitorios, un quite de colaboración de 14 días, y se recuperó la asamblea dentro de la planta, que terminó votando un plan de lucha que no tuvo que ser ejecutado al obtener una respuesta que satisfacía el reclamo obrero. En el camino, derrotamos varios intentos de desconocer al cuerpo de delegados cuando la patronal trató de “negociar” con un representante por sector al margen de los delegados elegidos. No hubo tales representantes en ningún sector.

Desde el principio hasta el final, la burocracia ongarista estuvo de espaldas a la lucha contra la “semana desplazada”, durante 15 años. En el punto más alto de esta lucha, cuando se reunieron dos turnos, masivamente, parando el taller en asamblea interna, el vocal de la lista Verde fue abucheado por retirarse del taller para no participar.

Luego de firmado el acuerdo, realizamos una combativa movilización a la puerta del Ministerio de Trabajo, donde acompañados por otros cuerpos de delegados de la Naranja, fuimos a reclamar la inmediata homologación del acuerdo, finalmente arrancada el 29 de junio.En 2004 una huelga era derrotada porque no contaba con la dirección adecuada. Superando los golpes recibidos, el cuerpo de delegados antiburocrático abrió una nueva etapa en la organización de fábrica. AGR se incorpora al proceso clasista de las grandes fábricas gráficas. La victoria será un aliciente a la organización del conjunto de los trabajadores del Grupo Clarín.

Pablo Viñas, Sec. Gral. AGR-Clarín

Estalla huelga por reincorporación de tres activistas despedidos

Poco después del largo conflicto salarial que concluyó con una victoria relativa de los trabajadores, la empresa vuelve a la carga con tres despidos; con el agravante de que dos de estos compañeros fueron consagrados congresales por la oposición en la última elección del gremio; es decir que es un ataque al conjunto del taller y en particular al activismo combativo que viene encabezando los reclamos por el convenio y otros temas. Federico Fabrini, uno de ellos, es además el principal referente del proceso de sindicalización de taller; la otra compañera, Melina Szteiman, es de la lista Bordó. Es muy claro que el objetivo de semejante golpe es reimponer el régimen despótico de la patronal, que la huelga general de quince días del mes pasado puso en cuestión. La ilegalidad manifiesta de los despidos (el tercero se basa en una causa inventada) apunta a aleccionar a los trabajadores y quebrar su organización. La respuesta de los compañeros fue contundente: paralización total del taller hasta la reincorporación.El Ministerio de Trabajo debe dictar la reincorporación de los compañeros. El sindicato de la zona norte, por su parte, tiene que llamar al plenario de delegados para defender la vigencia de los fueros gremiales de los activistas de Cedinsa y de todo el cuerpo de delegados. Si estos despidos pasan será una invitación a que otras patronales hagan lo mismo.ULTIMO MOMENTO: Ya cerrada esta edición, el Ministerio de Trabajo dispuso la reincorporación de los dos compañeros congresales, luego de un gran acto obrero en puerta de fábrica. Tras cartón, una asamblea general resolvió continuar la huelga hasta la reincorporación del tercer compañero. Gran lucha obrera.Corresponsal

Corresponsal

Los obreros de Interpack siguen firme

Luego de tres semanas, el plan de lucha sigue muy firme. Al quite de colaboración, la rebaja de la producción y paros de dos y tres horas por turnos, sumamos un acampe por 48 horas y un acto del que participaron delegados y dirigentes obreros, entre otros Víctor Grossi del Sitraic, Rubén Schofrin de la interna de Editorial Perfil, Pablo Viñas de AGR y Néstor Pitrola, en nombre de la mesa de la Coordinadora Sindical Clasista.

La patronal empieza a sufrir los efectos del conflicto, pero hasta el momento no mostró ninguna voluntad de sentarse a negociar. Uno de los argumentos que ha deslizado es que ya cerró un acuerdo con la interna de la planta 2. Nuestro reclamo está encabezado por el 35% de aumento, pero no se reduce a lo salarial: incluye el pase a convenio del personal administrativo, la recategorización de algunos sectores, una bonificación para los trabajadores que se jubilan y un doble aguinaldo.
La asamblea general votó un nuevo acampe esta semana, además de la profundización de las medidas dentro de la planta y, desde ya, parar el miércoles y movilizar a la Plaza de Mayo.
El grupo Zupan, propietario de Interpack, ha tenido una fuerte expansión en los últimos años, no sólo en el mercado local, sino hacia otros países de Latinoamérica; emplea unos 2.000 trabajadores y más de 600 están en la órbita de la Federación Gráfica Bonaerense.
Nuestro planteo de establecer una coordinación con Celomat 1 y 2 e Interpack 2 (Farmográfica no tiene delegados) fue muy bien recibido por la base. Sin embargo, la conducción oficial resulta hostil a cualquier iniciativa que salga de su riguroso control. En todo el gremio la principal fortaleza de las patronales deriva de la ausencia de una estrategia de intervención sindical común.

El conflicto de La Nación
Otro conflicto que es víctima de la misma orientación “aislacionista” es el de La Nación. El acuerdo paritario se cerró con la rama Obra, pero dejó afuera a los diarios. Las empresas -con el argumento de una caída en sus ventas- ofrecen una miseria y en negro. Al cerrar por su cuenta Clarín, que es parte de la conducción Verde, todo el peso del reclamo quedó en manos de La Nación, ya que los otros medios (Perfil, Popular, Ambito, etc.) tienen poca capacidad de presión. El reclamo salarial devino en un despido masivo y en una conciliación obligatoria de complejo desenlace.
Corresponde unificar las acciones que sea posible y reunir al cuerpo de delegados -sin excluir a la oposición- para votar la solidaridad con La Nación e Interpack.

Miguel Bravetti (CI de Interpack 1)