Reforma laboral, El texto original, en 15 puntos

Lo que busca imponer el gobierno por ley, decretos y modificación de convenios.

Este material integra el folleto editado por el Partido Obrero para el desarrollo de una campaña contra la reforma laboral. Se sintetizan los puntos del proyecto original; los cambios acordados con la CGT se analizan en artículo aparte.

El proyecto de reforma laboral que el gobierno negoció con la CGT es un ataque brutal a los derechos de los trabajadores. Pretende liquidar conquistas históricas que el movimiento obrero ha logrado con su lucha a lo largo de los últimos cien años.

La burocracia que suscribió este pacto entreguista recibirá a cambio la garantía de que no se le quitará el manejo de los cuantiosos fondos de las obras sociales (verdaderas cajas negras de las direcciones burocráticas) y que se va a mantener y fortalecer el sindicalismo vertical y propatronal -el llamado “modelo sindical”-, que incluirá el ataque a los sindicatos de base y al clasismo. Macri, no de manera inocente, dijo que sobran sindicatos y que hay que limitarlos a aquellos que tienen personería gremial –los que están, prácticamente en su totalidad, en manos de la burocracia.

En esta entrega están incluidos todos los sectores de la burocracia sindical. Los gordos, el moyanismo y los kirchneristas. Así es que la directiva K del sindicato de obreros lácteos (Atilra) fue una de las primeras en firmar cambios convencionales entregando conquistas fundamentales para los trabajadores, como la eliminación del pago del plus como horas extras para quienes trabajen (por fuera del horario habitual) los fines de semana.

El movimiento obrero debe salir a enfrentar este ataque. No podemos dejar la resolución sobre esta ley en manos de los legisladores patronales de Cambiemos y del pejotismo, que actúa en función del pacto con los gobernadores que prohijó la repudiada reforma previsional e impositiva, los otros capítulos del plan de guerra económica y social contra los trabajadores. El pejotismo, no hace falta aclararlo, es además el cobijo de la mayor parte de la burocracia sindical que hace su parte para la “gobernabilidad” del ajuste contra los trabajadores.

En resumen, hay que quebrar el pacto Macri-CGT. La Coordinadora Sindical Clasista-Partido Obrero impulsa inmediatas asambleas de base y plenarios de delegados con mandato de los lugares de trabajo, llama a reagruparse a todas las fuerzas combativas del movimiento obrero para la acción común y que la reforma antilaboral no pase.

También llamamos a defender a todos los sindicatos inscriptos y a los cuerpos de delegados y seccionales recuperados, y a todas las organizaciones de base del movimiento obrero.

Un Congreso con mandato de bases de todos los sindicatos argentinos, sin distinción de centrales sindicales, unificados, debería resolver un inmediato plan de lucha para quebrar la ofensiva. Nuestros parlamentarios se ponen al servicio de esta causa suprema de los trabajadores argentinos.

Estos son los puntos principales de la reforma laboral que quiere imponer el gobierno por la vía de la Ley de Reforma Laboral, modificando convenios o con futuros decretos, que pongan en práctica lo que hoy la CGT se ufana de haber logrado  “quitar” del reaccionario proyecto oficial, y que la lleva a suscribirlo sin consultar a los trabajadores.

Fin a la jornada de 8 horas

Las empresas podrán no pagar los adicionales por horas extras si las mismas se compensan en otra jornada. Bajo ese paraguas, las patronales podrán ampliar la jornada de 8 horas arbitrariamente, sin siquiera tener que pagar el plus que corresponde a las extras.

Además, incluye modalidades de trabajo por las cuales se dejará de computar el tiempo de tarea por día para hacerlo por semana. Habilita la creación, por medio de convenios colectivos, de “bancos de horas” que pondrán límites a las horas extras bajo el argumento de hacer “más eficientes” los tiempos y jornadas de trabajo, las que podrán prolongarse de acuerdo a las necesidades del patrón.

Jornadas a gusto del empleador

Se habilita también la jornada reducida, con la incorporación de contratos a tiempo parcial de hasta dos tercios de las horas habituales de determinado trabajo. Esto con el pago reducido de salarios.

Mano de obra casi gratuita

Se crean “pasantías formativas” en el ámbito privado y público, que no generarán relación laboral y con un pago no remunerativo en calidad de “estímulo” para estudiantes de hasta 24 años. Los pasantes podrán desempeñarse por un máximo de 30 horas semanales, y excepcionalmente, diez horas más. Esto se vincula con la reforma educativa: los alumnos de 5° año deberán realizarlas de manera obligatoria. Es decir que se creará mano de obra súper barata, de miles y miles de jóvenes, que reemplazarán a trabajadores y empujarán hacia abajo los salarios.

Reducción de las indemnizaciones

El proyecto del gobierno establece que, a los efectos del cálculo para las indemnizaciones, ya no se incluirán los montos cobrados por horas extras, comisiones, premios y bonificaciones, así como tampoco las compensaciones por otro tipo de gastos que no tengan periodicidad mensual, normal y habitual. Esto supone una reducción muy grande de la indemnización en el caso de una gran cantidad de trabajadores que, en algún momento del año, tiene ese tipo de ingresos.

Además, el salario para el cálculo indemnizatorio tendrá un techo. Más allá del sueldo que cobre el trabajador, aquel monto no podrá superar el equivalente a 3 veces el promedio de todas las remuneraciones básicas previstas en el convenio colectivo que corresponde al trabajador. A los que cobran un sueldo menor al promedio, esto no los beneficiará porque ese es el máximo aplicable, pero sí perjudicará a los que cobran un salario más alto que el promedio, porque los alcanza ese techo.

Despido aún más barato

El proyecto prevé la eliminación de las indemnizaciones que hoy se le pagan al trabajador por incumplimiento patronal en la registración. Actualmente, las patronales deben enfrentar una duplicación en el costo de la indemnización si el despedido estaba en negro y puede demostrar su relación de dependencia. Eso ya no seguiría vigente.

O la virtual liquidación de las indemnizaciones

Pero también faculta a la burocracia sindical para que firme con las cámaras empresarias, como parte de los convenios colectivos de trabajo, la creación de un denominado Fondo de Cese Laboral Sectorial, que se aplicará al pago de los montos correspondientes a las indemnizaciones para la cobertura del equivalente al preaviso y al despido sin causa. Un mecanismo similar al que ya rige en la construcción.

Una vez firmado el acuerdo por la burocracia de los sindicatos, este sistema reemplazaría a la indemnización habitual.

El Fondo lo administrará un ente conducido por la patronal, el gobierno y la burocracia y estará formado por aportes que, directa o indirectamente, serán aportados por los propios trabajadores.

A voluntad del patrón

Otro de los cambios propuestos supone un retroceso brutal en las relaciones obrero-patronales. Se plantea modificar el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo para que el empleador quede facultado –de manera unilateral- para introducir todos aquellos cambios y modalidades en el trabajo que el empresario requiera sin importar lo que establezcan el convenio y las leyes laborales.

El trabajador que no acuerde con ello se podrá (o deberá) considerar despedido sin causa.

Es la eliminación del criterio de “irrenunciabilidad”, que establece que ningún trabajador puede aceptar en un contrato individual o de grupo o empresa, condiciones peores a las establecidas en las leyes o convenios colectivos. Un golpe que tiende a liquidar la vigencia de los convenios colectivos y las conquistas históricas de los trabajadores mediante la presión patronal para que se acepten peores condiciones de trabajo e incluso salariales.

Si a esto se le suma la reducción en las indemnizaciones y en los aportes patronales, un eventual blanqueo tendrá un costo ínfimo para el patrón y límites muy grandes en los beneficios para el trabajador.

Rebaja de aportes patronales

Se va a un desfinanciamiento del Anses, con un esquema progresivo de disminución de los aportes previsionales por parte de los patrones: el mínimo no imponible crecerá año a año, hasta llegar a $12.000 (más la actualización por inflación) en el 2022. Así, solo realizarán aportes por la parte del salario que supere esa cifra, es decir por menos del 30% del sueldo promedio. Este punto, para mejor hacerlo pasar, fue excluido de la reforma laboral, pero se incluyó en la reforma impositiva ya aprobada. La burocracia sindical, mediante este expediente, mira para otro lado.

Blanqueo para negreros

No sólo disminuyen los aportes patronales y las indemnizaciones reduciendo así el costo laboral para las empresas en perjuicio de los trabajadores. En un eventual blanqueo, también se le condonan los aportes adeudados y punitorios a las patronales que registren trabajadores que estaban en negro. El blanqueo prevé también el cierre de los juicios que estén en curso.

Para los trabajadores el blanqueo no supone un reconocimiento pleno de sus derechos, ni mucho menos. A los que pasen a planta, más allá de la antigüedad que tengan en la empresa, se les reconocerán solo 5 años y esto cabe también para la jubilación. Es decir que perderá todos los años de trabajo que superen ese tope, tanto para los beneficios que provienen de la antigüedad como para los años que debe sumar para poder jubilarse. Además, el reconocimiento es por el valor del salario mínimo, vital y móvil, es decir que si su salario está por encima de ese monto, el trabajador perderá en el cálculo para el haber jubilatorio.

Tercerización, otra estafa

Se facilita la tercerización y la subcontratación en algunos rubros dentro de las empresas como limpieza, seguridad, transporte interno, gastronomía o informática. Así se pretende evitar juicios contra las empresas que los utilizan para reducir planteles y costos. Con esto se divide al personal que, además, pasará a cobrar, en la mayoría de los casos, un sueldo menor al que reciben los empleados en la empresa principal.

Además, las empresas que subcontraten servicios quedarán liberadas de toda responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones de los contratistas con los trabajadores ocupados para cubrir esas tareas, incluyendo el eventual pago de una indemnización y las obligaciones de la seguridad social.

La igualdad de los desiguales

Se elimina la relación desigual entre empleador y empleado, base de la legislación laboral que entiende que en el enfrentamiento obrero-patronal no hay igualdad y que, por esa razón, el trabajador debe tener una mayor cobertura por parte de la justicia.  Ahora se agrega a la definición de trabajo el concepto de “cooperación” entre las partes, un vínculo “generador de derechos y deberes recíprocos”, es decir iguales, como “regla esencial de ejecución del contrato”. Es decir que, por ejemplo, se asimilan los perjuicios que le genera a un trabajador el despido con el que le crearía al patrón su renuncia.

Plazo para iniciar juicios laborales

Se reduce de 2 años a 1 el plazo para que los trabajadores inicien acciones judiciales contra sus empleadores relativas a créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo y de disposiciones de convenios colectivos. Dicho plazo no podrá modificarse por las convenciones colectivas de actividad.

Además, se establece un techo al plazo por el que se puede reclamar: más allá del tiempo de incumplimiento de una obligación por parte de la patronal, el trabajador solo podrá reclamar por el último año.

Límites al tratamiento médico

Se crea una Agencia de Evaluación de Tecnologías de Salud, con directores designados por el Poder Ejecutivo, que determinará, en caso de disputa con el paciente, si las obras sociales o prepagas deben cubrir un determinado tratamiento. Pedida por la burocracia sindical, la norma “apunta a reducir demandas contra obras sociales y prepagas”, es decir a reducir la cobertura de salud de los trabajadores.

Esconde el trabajo en negro

El proyecto oficial crea la figura del "trabajador independiente" que podrá tomar hasta cuatro "colaboradores independientes" que no tendrán relación de dependencia. Para ellos se crea un régimen especial de monotributo. Otro mecanismo para evadir el blanqueo de trabajadores.

La zanahoria

Las licencias por paternidad se ampliarían de 2 a 15 días corridos. En varias provincias ya rigen regímenes más beneficiosos que el limitado nacional de los dos días.

LA REFORMA LABORAL DE MACRI Y TRIACA

Un ataque a fondo a la clase obrera

Pongamos en pie al movimiento obrero

Entonado por el resultado electoral y la connivencia de la CGT, y contra lo  que había anticipado en la campaña electoral, Triaca presentó un proyecto de ley a la brasileña, de 145 artículos que atacan a fondo los derechos de los trabajadores. Ninguna asamblea obrera aprobaría este misil antiobrero, que la CGT viene pactando a espaldas de millones de compañeros. La moneda de cambio del Triunvirato es reforzar el sindicalismo vertical y patronal, y el manejo de las obras sociales, el llamado “modelo sindical”, incluido el ataque a los sindicatos de base y al clasismo. El moyanista Schmid, después de aplaudir el discurso de Macri en el CCK, dijo que no logra todavía “decodificar” a este presidente.

 

La ley destruye pilares como la “irrenunciabilidad”, por lo cual el contrato de empresa o individual puede traspasar a la baja la Ley de Contrato de Trabajo.

Estrictamente, deja de haber una ley de contrato de trabajo. El concepto de “trabajo” abarca por igual al empresario que al trabajador, borrando todo vestigio de frontera de clase y profundizando el ataque ya perpetrado por Cristina Kirchner en el Código Civil, al quitar la prelación del derecho laboral. Se ataca el concepto de que el trabajador es el eslabón débil de la cadena de explotación patronal. En esa línea del Código Civil vuelve a profundizar las garantías del régimen de tercerización, eliminando la responsabilidad solidaria de la empresa principal.

 

Pero va más lejos al permitir que el trabajador contrate trabajadores y más aún, habilita la cuadratura del círculo al permitir el “monotributista en relación de dependencia”, lo que liquida el concepto mismo de contratación laboral capitalista. Coloca a ese trabajador como un paria equivalente al trabajador en negro, pero peor, porque no puede litigar demostrando el fraude laboral. El fraude es ahora legal.

 

La burocracia sindical dice resguardar el “convenio colectivo”, lo cual es falso si ese convenio puede ir a la baja por empresa y hasta en forma individual, pero además se habilita el ataque más vasto desde la dictadura para que esos convenios arrasen conquistas centenarias. Estará permitido extender la jornada hasta 10 horas sin extras, perforando la histórica ley 11544 de la jornada de ocho horas. Cuando arrecia la desocupación, se extiende la jornada laboral posible. Ya el reciente convenio de Atilra, un sindicato con fuerte presencia kirchnerista, habilitó extras simples en fin de semana, atacando el descanso hebdomadario de fin de semana.

 

Se rebajan las indemnizaciones eliminando aguinaldo, extras y otros pagos en su cómputo, y se habilita a la formación de “fondos de cese laboral” como el de Uocra, donde el trabajador aporta a su propio despido. La ley no los impone, pero los habilita, para que las burocracias comiencen su trabajo de demolición. En esa línea consagra el “banco de horas”, que no pudo generalizar Menem en los ’90 a partir del convenio de General Motors. O sea quebrar la jornada, sin extras, que el propio trabajador autocompensa.

 

La reducción de aportes patronales progresiva hasta 11.500 pesos en 2022 golpea la recaudación previsional. Su contraparte será la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones (modificación de la movilidad jubilatoria), la eliminación de los regímenes especiales y la eventual elevación de la edad más adelante. El “caramelo” del aumento de licencias por paternidad es una burla, en medio de semejante usurpación de derechos. El blanqueo laboral, por su parte, es un “jubileo” a los evasores. Pero, además, fracasó con Cristina, porque rige una ley idéntica desde 2014.

 

La presentación de una sola ley ómnibus, centraliza la campaña de lucha. Dejar el debate de esta ley en manos de los legisladores patronales de Cambiemos y del pejotismo, que declara subordinar su accionar a la burocracia sindical entreguista, es un suicidio. Hay que quebrar el pacto Macri-CGT. El Partido Obrero impulsa inmediatas asambleas de base y plenarios de delegados con mandato de los lugares de trabajo, llama a reagruparse a todas las fuerzas combativas del movimiento obrero para la acción común y que la reforma antilaboral no pase.

 

Llamamos a defender a todos los sindicatos inscriptos y a los cuerpos de delegados y seccionales recuperados, y a todas las organizaciones de base del movimiento obrero. Un Congreso con Mandato de Bases de todos los sindicatos argentinos, sin distinción de centrales sindicales, unificados, debería resolver un inmediato plan de lucha para quebrar la ofensiva. Nuestros parlamentarios, los que están y los electos, se ponen al servicio de esta causa suprema de los trabajadores argentinos.

 

NESTOR PITROLA

Reforma laboral: Aquí la podemos parar

 

Apenas conocida la sanción de la reforma laboral brasileña, los principales medios de comunicación salieron a reclamar una reforma similar.

 

El diario La Nación destaca que “los acuerdos individuales entre un trabajador y su empleador, y los acuerdos por empresa prevalecerán sobre los convenios colectivos por actividad”. Señala que se ha creado la figura del “trabajador autónomo exclusivo, una suerte de monotributista que puede prestar servicios para un único empleador, sin estar atado a un vínculo laboral permanente”. Y la figura del trabajador "hipersuficiente": los empleados “podrán pactar libremente con las empresas su jornada laboral, el fraccionamiento de sus vacaciones y otras condiciones de trabajo”.

 

Además, la nueva legislación brasileña regula el teletrabajo y crea el llamado "contrato intermitente", por el cual “un trabajador podría permanecer a disposición de su empleador sin brindar una contraprestación laboral y sin garantía de recibir un salario mínimo ni de horas de trabajo. Autoriza también la posibilidad de una jornada laboral de 12 horas con 36 horas de descanso entre dos jornadas de trabajo”.

 

Otro aspecto importante es que elimina la obligatoriedad de que los despidos colectivos sean negociados con los sindicatos. Por otro, se reduce en un 30 por ciento el costo de la indemnización por despido. Finalmente, “se busca limitar los juicios, al resolverse que los trabajadores… tengan que probar que no pueden hacer frente al costo de una demanda para poder iniciarla en forma gratuita”.

 

Unión nacional

 

El legendario diario mitrista marca una agenda que es patrimonio común del conjunto de la clase capitalista. Señala que cualquiera sea el juicio que merezcan dichas normas laborales, el cambio es inevitable, como resultado de la “interdependencia” que tiene la Argentina con los países vecinos, en particular con Brasil. El Mercosur es utilizado como instrumento para alentar una competencia ruinosa y la precarización entre los trabajadores de ambos países.

Al editorialista no se le escapa que semejante paquete sólo puede pasar sobre la base de un acuerdo entre los principales bloques políticos. “Es menester que el gobierno nacional y las principales fuerzas de oposición analicen detenidamente no sólo el proceso de reforma laboral en el que se ha embarcado Brasil, sino también las razones que han llevado al vecino país a tomar semejante rumbo”. Se empieza a maquinar una "unión nacional," que se procura dé sus frutos después de las elecciones. “Para aprobar una reforma laboral, Macri deberá acordar con el peronismo" (Infobae, 21/7).

 

La oposición

 

Massa se cuidó muy bien de denunciar la reforma brasileña y los anuncios del gobierno de hacer lo propio en la Argentina una vez finalizados los comicios. El Frente Renovador plantea una política de promoción para las pymes que, entre otras cosas, promueve la reducción de las cargas sociales y, con la excusa del empleo joven, la promoción de pasantías, con sueldos y condiciones de trabajo por debajo del convenio.

 

Cristina Kirchner, a su turno, tampoco se ha pronunciado contra la reforma laboral. Plantea “prohibir los despidos por un año” mientras se hace la distraída y deja pasar la ola de despidos y cierres en curso. Habla de una “emergencia laboral” cuyos términos son difusos. No olvidemos que el kirchnerismo dejó un tercio de los trabajadores en negro y la mitad de la población precarizada con un salario promedio de un 40% de la canasta familiar y el impuesto al salario para los que se arrimaban a esa canasta. Los K fueron parte activa en el aliento de las tercerizaciones, empezando por las concesiones del Estado (¡ferrocarriles!). En 2015, por iniciativa de Cristina, se aprobó un blanqueo laboral, que ya contiene algunas de las cláusulas que ahora el macrismo pretende profundizar. Con el pretexto de mejorar el empleo registrado, se rebajaron las cargas patronales, agravando el desfinanciamiento de la Anses. Este enorme subsidio a los empresarios no sirvió, sin embargo, para mejorar la ocupación. Una vez más, quedó demostrado que la crisis no se origina en el costo laboral, sino en la gestión capitalista de la economía y sus contradicciones insuperables. La reducción de los costos laborales no revirtió las tendencias recesivas sino que terminó agravando sus efectos. Cristina no está dispuesta a sacar los pies del plato y a rebelarse contra la clase social de la cual ha sido tributaria durante su mandato.

 

Si hay algo que retrata la complicidad del arco opositor es la conducta que vienen teniendo frente a los conflictos que están sacudiendo el país. La burocracia sindical, vinculada con los diferentes bloques patronales, viene sosteniendo una tregua con el gobierno y desangrando las luchas. Cristina es la que exhortó a la CGT a diferir cualquier iniciativa de movilización para después de las Paso.

 

En la unión nacional que se está maquinando para después de las elecciones no sólo entran las cámaras empresarias, sino las centrales sindicales. La reforma a la baja de los convenios colectivos de petroleros, lecheros y marinos mercantes, la instauración del presentismo entre los estatales, los acuerdos de flexibilidad en el Smata, todos ellos, bendecidos por la burocracia sindical y la reforma reaccionaria de las ART, aprobada por los bloques de la oposición, son anticipos del cambio de la legislación que se prepara.

 

Estamos en presencia de una agresión estratégica. La clase obrera argentina debe tomar nota de este hecho, impulsar los combates que ya están curso y preparar los que van a venir. Aquí, en nuestro país, podemos parar la reforma laboral. Una derrota del gobierno y sus socios del ajuste será un paso fundamental para abrir paso a una salida política de los trabajadores a la crisis nacional.

 

 

Pablo Heller

 

Reforma laboral negrera en Brasil: a Macri le gusta esto

 

Jornadas de hasta 12 horas, tercerización, trabajo precario, abaratamiento de despidos y la liquidación de la negociación colectiva.

 

La reforma laboral, auspiciada por el golpista Michel Temer, que acaba de aprobar el parlamento brasileño significa un retroceso de características históricas para la clase obrera del país vecino. 

 

Consagra un régimen de superflexibilización, dando “valor legal a los acuerdos negociados por sector o empresas aunque no se ajusten a la normativa vigente” (Página/12, 11/7). En base a esto, se habilitarían jornadas laborales de hasta 12 horas, la reducción del intervalo entre las jornadas y que las vacaciones anuales sean divididas hasta en tres veces. El asunto llega al punto de revocar los 15 minutos de descanso antes de las horas extra para las mujeres y de habilitar la negociación de los horarios de almuerzo (!).

 

También se prevé una ampliación de la tercerización; se introduce la ‘jornada intermitente’, con el pago de salarios sobre una base horaria o por jornada, y no mensual; se elimina el pago de las horas de desplazamiento

 

La liquidación de la capacidad de negociación colectiva está en el centro de la reforma. Se habilitan acuerdos por sector, se retira la obligación de negociar con sindicatos despidos colectivos y se crea una comisión de representantes de los empleados para negociar directamente con la empresa. También vuelve más costoso y dificultoso el acceso a la Justicia del Trabajo y limita los valores para indemnizaciones.

 

La reforma fue impulsada por Temer y por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, de acuerdo al libreto escrito por la Confederación Nacional de la Industria (CNI), la Confederación Nacional de Agricultura (CNA) y la Federación Brasileña de Bancos (Febraban).

 

Con Temer en la picota, en medio de la discusión en Diputados sobre su posible suspensión para ser sometido a una investigación por corrupción y niveles de rechazo popular inéditos, sus posibles sucesores –empezando por el jefe de la Cámara de Diputados, el conservador Rodrigo Maia–declararon su compromiso a fuego con la reforma. El ataque a las condiciones laborales –junto a la reforma previsional en trámites y al congelamiento del gasto público por 20 años, votado el año pasado– es una prioridad para la burguesía brasileña.

 

La burocracia, entregada

 

El PT protagonizó una puesta en escena durante la votación en la Cámara Alta, cuando ha permitido el avance del ajuste del gobierno golpista. Mientras la reforma laboral se discute desde noviembre, la CUT –central sindical vinculada al partido de Lula–, se limitó a convocar a paros aislados sin ninguna perspectiva. Su horizonte está puesto en el 2018.

 

Por su parte, la otra central mayoritaria, la amarilla Fuerza Sindical, directamente se bajó del último paro general y agachó la cabeza frente a la reforma, a cambio de algunas prebendas.

 

La lucha contra el gobierno ajustador y sus avanzadas le plantea a la clase obrera brasilera una acción independiente, sacándose el lastre de la burocracia sindical.

 

Alerta, trabajadores argentinos

 

Ámbito Financiero tituló: “La reforma laboral de Brasil acelera el cambio de rumbo en la Argentina”, en un artículo donde anuncia que Macri prepara “una reforma de cuño flexibilizador, con foco en las cargas sociales, el empleo joven y en convenios colectivos que la Casa Rosada y el Ministerio de Hacienda consideran disfuncionales al cambio de régimen económico que se busca” (14/7) para después de octubre. 

 

Los capitalistas locales ya han aseverado que la reforma en Brasil atiza la necesidad de una similar en Argentina. De esta manera, "el Mercosur se convierte así en un instrumento para la flexibilidad laboral de los trabajadores de ambos países” (Prensa Obrera, 13/7).

 

Las reformas a la baja de los convenios colectivos de petroleros, lecheros y marinos mercantes, la instauración del presentismo entre los estatales, los acuerdos de flexibilidad con el SMATA, la reforma ultraregresiva de las ART y la guerra declarada del gobierno de Macri contra la “industria del juicio” son anticipos en esta dirección.

 

La clase obrera argentina debe tomar nota de esta reforma negrera para preparar los combates por venir.

 

Tomas