Lo que busca imponer el gobierno por ley, decretos y modificación de convenios.
Este material integra el folleto editado por el Partido Obrero para el desarrollo de una campaña contra la reforma laboral. Se sintetizan los puntos del proyecto original; los cambios acordados con la CGT se analizan en artículo aparte.
El proyecto de reforma laboral que el gobierno negoció con la CGT es un ataque brutal a los derechos de los trabajadores. Pretende liquidar conquistas históricas que el movimiento obrero ha logrado con su lucha a lo largo de los últimos cien años.
La burocracia que suscribió este pacto entreguista recibirá a cambio la garantía de que no se le quitará el manejo de los cuantiosos fondos de las obras sociales (verdaderas cajas negras de las direcciones burocráticas) y que se va a mantener y fortalecer el sindicalismo vertical y propatronal -el llamado “modelo sindical”-, que incluirá el ataque a los sindicatos de base y al clasismo. Macri, no de manera inocente, dijo que sobran sindicatos y que hay que limitarlos a aquellos que tienen personería gremial –los que están, prácticamente en su totalidad, en manos de la burocracia.
En esta entrega están incluidos todos los sectores de la burocracia sindical. Los gordos, el moyanismo y los kirchneristas. Así es que la directiva K del sindicato de obreros lácteos (Atilra) fue una de las primeras en firmar cambios convencionales entregando conquistas fundamentales para los trabajadores, como la eliminación del pago del plus como horas extras para quienes trabajen (por fuera del horario habitual) los fines de semana.
El movimiento obrero debe salir a enfrentar este ataque. No podemos dejar la resolución sobre esta ley en manos de los legisladores patronales de Cambiemos y del pejotismo, que actúa en función del pacto con los gobernadores que prohijó la repudiada reforma previsional e impositiva, los otros capítulos del plan de guerra económica y social contra los trabajadores. El pejotismo, no hace falta aclararlo, es además el cobijo de la mayor parte de la burocracia sindical que hace su parte para la “gobernabilidad” del ajuste contra los trabajadores.
En resumen, hay que quebrar el pacto Macri-CGT. La Coordinadora Sindical Clasista-Partido Obrero impulsa inmediatas asambleas de base y plenarios de delegados con mandato de los lugares de trabajo, llama a reagruparse a todas las fuerzas combativas del movimiento obrero para la acción común y que la reforma antilaboral no pase.
También llamamos a defender a todos los sindicatos inscriptos y a los cuerpos de delegados y seccionales recuperados, y a todas las organizaciones de base del movimiento obrero.
Un Congreso con mandato de bases de todos los sindicatos argentinos, sin distinción de centrales sindicales, unificados, debería resolver un inmediato plan de lucha para quebrar la ofensiva. Nuestros parlamentarios se ponen al servicio de esta causa suprema de los trabajadores argentinos.
Estos son los puntos principales de la reforma laboral que quiere imponer el gobierno por la vía de la Ley de Reforma Laboral, modificando convenios o con futuros decretos, que pongan en práctica lo que hoy la CGT se ufana de haber logrado “quitar” del reaccionario proyecto oficial, y que la lleva a suscribirlo sin consultar a los trabajadores.
Fin a la jornada de 8 horas
Las empresas podrán no pagar los adicionales por horas extras si las mismas se compensan en otra jornada. Bajo ese paraguas, las patronales podrán ampliar la jornada de 8 horas arbitrariamente, sin siquiera tener que pagar el plus que corresponde a las extras.
Además, incluye modalidades de trabajo por las cuales se dejará de computar el tiempo de tarea por día para hacerlo por semana. Habilita la creación, por medio de convenios colectivos, de “bancos de horas” que pondrán límites a las horas extras bajo el argumento de hacer “más eficientes” los tiempos y jornadas de trabajo, las que podrán prolongarse de acuerdo a las necesidades del patrón.
Jornadas a gusto del empleador
Se habilita también la jornada reducida, con la incorporación de contratos a tiempo parcial de hasta dos tercios de las horas habituales de determinado trabajo. Esto con el pago reducido de salarios.
Mano de obra casi gratuita
Se crean “pasantías formativas” en el ámbito privado y público, que no generarán relación laboral y con un pago no remunerativo en calidad de “estímulo” para estudiantes de hasta 24 años. Los pasantes podrán desempeñarse por un máximo de 30 horas semanales, y excepcionalmente, diez horas más. Esto se vincula con la reforma educativa: los alumnos de 5° año deberán realizarlas de manera obligatoria. Es decir que se creará mano de obra súper barata, de miles y miles de jóvenes, que reemplazarán a trabajadores y empujarán hacia abajo los salarios.
Reducción de las indemnizaciones
El proyecto del gobierno establece que, a los efectos del cálculo para las indemnizaciones, ya no se incluirán los montos cobrados por horas extras, comisiones, premios y bonificaciones, así como tampoco las compensaciones por otro tipo de gastos que no tengan periodicidad mensual, normal y habitual. Esto supone una reducción muy grande de la indemnización en el caso de una gran cantidad de trabajadores que, en algún momento del año, tiene ese tipo de ingresos.
Además, el salario para el cálculo indemnizatorio tendrá un techo. Más allá del sueldo que cobre el trabajador, aquel monto no podrá superar el equivalente a 3 veces el promedio de todas las remuneraciones básicas previstas en el convenio colectivo que corresponde al trabajador. A los que cobran un sueldo menor al promedio, esto no los beneficiará porque ese es el máximo aplicable, pero sí perjudicará a los que cobran un salario más alto que el promedio, porque los alcanza ese techo.
Despido aún más barato
El proyecto prevé la eliminación de las indemnizaciones que hoy se le pagan al trabajador por incumplimiento patronal en la registración. Actualmente, las patronales deben enfrentar una duplicación en el costo de la indemnización si el despedido estaba en negro y puede demostrar su relación de dependencia. Eso ya no seguiría vigente.
O la virtual liquidación de las indemnizaciones
Pero también faculta a la burocracia sindical para que firme con las cámaras empresarias, como parte de los convenios colectivos de trabajo, la creación de un denominado Fondo de Cese Laboral Sectorial, que se aplicará al pago de los montos correspondientes a las indemnizaciones para la cobertura del equivalente al preaviso y al despido sin causa. Un mecanismo similar al que ya rige en la construcción.
Una vez firmado el acuerdo por la burocracia de los sindicatos, este sistema reemplazaría a la indemnización habitual.
El Fondo lo administrará un ente conducido por la patronal, el gobierno y la burocracia y estará formado por aportes que, directa o indirectamente, serán aportados por los propios trabajadores.
A voluntad del patrón
Otro de los cambios propuestos supone un retroceso brutal en las relaciones obrero-patronales. Se plantea modificar el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo para que el empleador quede facultado –de manera unilateral- para introducir todos aquellos cambios y modalidades en el trabajo que el empresario requiera sin importar lo que establezcan el convenio y las leyes laborales.
El trabajador que no acuerde con ello se podrá (o deberá) considerar despedido sin causa.
Es la eliminación del criterio de “irrenunciabilidad”, que establece que ningún trabajador puede aceptar en un contrato individual o de grupo o empresa, condiciones peores a las establecidas en las leyes o convenios colectivos. Un golpe que tiende a liquidar la vigencia de los convenios colectivos y las conquistas históricas de los trabajadores mediante la presión patronal para que se acepten peores condiciones de trabajo e incluso salariales.
Si a esto se le suma la reducción en las indemnizaciones y en los aportes patronales, un eventual blanqueo tendrá un costo ínfimo para el patrón y límites muy grandes en los beneficios para el trabajador.
Rebaja de aportes patronales
Se va a un desfinanciamiento del Anses, con un esquema progresivo de disminución de los aportes previsionales por parte de los patrones: el mínimo no imponible crecerá año a año, hasta llegar a $12.000 (más la actualización por inflación) en el 2022. Así, solo realizarán aportes por la parte del salario que supere esa cifra, es decir por menos del 30% del sueldo promedio. Este punto, para mejor hacerlo pasar, fue excluido de la reforma laboral, pero se incluyó en la reforma impositiva ya aprobada. La burocracia sindical, mediante este expediente, mira para otro lado.
Blanqueo para negreros
No sólo disminuyen los aportes patronales y las indemnizaciones reduciendo así el costo laboral para las empresas en perjuicio de los trabajadores. En un eventual blanqueo, también se le condonan los aportes adeudados y punitorios a las patronales que registren trabajadores que estaban en negro. El blanqueo prevé también el cierre de los juicios que estén en curso.
Para los trabajadores el blanqueo no supone un reconocimiento pleno de sus derechos, ni mucho menos. A los que pasen a planta, más allá de la antigüedad que tengan en la empresa, se les reconocerán solo 5 años y esto cabe también para la jubilación. Es decir que perderá todos los años de trabajo que superen ese tope, tanto para los beneficios que provienen de la antigüedad como para los años que debe sumar para poder jubilarse. Además, el reconocimiento es por el valor del salario mínimo, vital y móvil, es decir que si su salario está por encima de ese monto, el trabajador perderá en el cálculo para el haber jubilatorio.
Tercerización, otra estafa
Se facilita la tercerización y la subcontratación en algunos rubros dentro de las empresas como limpieza, seguridad, transporte interno, gastronomía o informática. Así se pretende evitar juicios contra las empresas que los utilizan para reducir planteles y costos. Con esto se divide al personal que, además, pasará a cobrar, en la mayoría de los casos, un sueldo menor al que reciben los empleados en la empresa principal.
Además, las empresas que subcontraten servicios quedarán liberadas de toda responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones de los contratistas con los trabajadores ocupados para cubrir esas tareas, incluyendo el eventual pago de una indemnización y las obligaciones de la seguridad social.
La igualdad de los desiguales
Se elimina la relación desigual entre empleador y empleado, base de la legislación laboral que entiende que en el enfrentamiento obrero-patronal no hay igualdad y que, por esa razón, el trabajador debe tener una mayor cobertura por parte de la justicia. Ahora se agrega a la definición de trabajo el concepto de “cooperación” entre las partes, un vínculo “generador de derechos y deberes recíprocos”, es decir iguales, como “regla esencial de ejecución del contrato”. Es decir que, por ejemplo, se asimilan los perjuicios que le genera a un trabajador el despido con el que le crearía al patrón su renuncia.
Plazo para iniciar juicios laborales
Se reduce de 2 años a 1 el plazo para que los trabajadores inicien acciones judiciales contra sus empleadores relativas a créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo y de disposiciones de convenios colectivos. Dicho plazo no podrá modificarse por las convenciones colectivas de actividad.
Además, se establece un techo al plazo por el que se puede reclamar: más allá del tiempo de incumplimiento de una obligación por parte de la patronal, el trabajador solo podrá reclamar por el último año.
Límites al tratamiento médico
Se crea una Agencia de Evaluación de Tecnologías de Salud, con directores designados por el Poder Ejecutivo, que determinará, en caso de disputa con el paciente, si las obras sociales o prepagas deben cubrir un determinado tratamiento. Pedida por la burocracia sindical, la norma “apunta a reducir demandas contra obras sociales y prepagas”, es decir a reducir la cobertura de salud de los trabajadores.
Esconde el trabajo en negro
El proyecto oficial crea la figura del "trabajador independiente" que podrá tomar hasta cuatro "colaboradores independientes" que no tendrán relación de dependencia. Para ellos se crea un régimen especial de monotributo. Otro mecanismo para evadir el blanqueo de trabajadores.
La zanahoria
Las licencias por paternidad se ampliarían de 2 a 15 días corridos. En varias provincias ya rigen regímenes más beneficiosos que el limitado nacional de los dos días.
