Pablo Viñas, despedido de AGR Clarín e integrante de la Lista Naranja Gráfica, en TN

COMUNICADO

LA LISTA NARANJA GRÁFICA DENUNCIA LA REPRESIÓN SISTEMÁTICA DE LA PATRONAL DE CLARÍN CONTRA LOS DERECHOS SINDICALES DE SUS TRABAJADORES Y RECHAZA AL MISMO TIEMPO EL BLOQUEO AL DIARIO CLARÍN COMO UNA ACCIÓN AJENA A LOS INTERESES DE ESOS TRABAJADORES, EN LÍNEA CON EL ‘PARO’ FRUSTRADO DEL MOYANISMO CONTRA EL GOBIERNO Y LOS REALIZADOS POR VENEGAS Y PEDRAZA PARA IMPEDIR SUS RESPECTIVOS ENCARCELAMIENTOS O RECLAMAR POR SU LIBERTAD O EXCARCELACIÓN

Con relación a los hechos de dominio público, volvemos a denunciar que la patronal de Clarín proscribe la organización sindical en sus empresas y ha perseguido y despedido en forma sistemática a quienes han luchado y luchan por defender los derechos de los trabajadores.

Denunciamos también que esa persecución continúa en la actualidad contra los delegados despedidos que fueron reincorporados en las últimas semanas contra la voluntad de la patronal del diario. Y también denunciamos que los turnos de trabajo violentan el descanso de fin de semana y que rige un clima de represión interna, con vigilancia a los trabajadores a través de cámaras de televisión.

Denunciamos la complicidad del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, con esta situación represiva y a toda la burocracia de la CGT, que siempre ha sido cómplice con esta situación, en primer lugar a Raymundo Ongaro y la directiva del sindicato gráfico.

El bloqueo a la salida del diario, el domingo pasado, no fue, sin embargo, una decisión de los trabajadores de AGR (propiedad del grupo Clarín) ubicada en Pompeya, ni tampoco de la planta gráfica del diario Clarín propiamente dicha, ubicada en Barracas.

Los responsables del bloqueo son los mismos que han impedido la reincorporación del ex delegado y actual congresal del gremio Pablo Viñas, que fuera despedido igual que ellos, debido a su pertenencia a la Naranja Gráfica y al Partido Obrero. Este compañero fue expulsado por medios violentos de las instalaciones del ministerio de Trabajo, por el grupo de delegados que se identifica con el moyanismo, en oportunidad de las reuniones que discutían el reclamo de reincorporación de los delegados. El año pasado pretendieron utilizar el mismo procedimiento en las reuniones de la comisión de Legislación del Trabajo, que preside el abogado moyanista Héctor Recalde, que debían discutir el reclamo de las reincorporaciones de los delegados.

Nuestro compañero, Pablo Viñas, ha iniciado acciones judiciales contra el grupo moyanista, el Ministerio de Trabajo y la patronal de Clarín, la cual es cómplice en la discriminación contra la reincorporación de Viñas.

La Naranja Gráfica rechaza las acciones patoteriles de la burocracia sindical y denuncia su carácter político extorsivo, en función de arrancar la protección del gobierno nacional, contra los procesos judiciales, civiles y penales, que los tiene como responsables. Rechazamos la pretensión de las patronales de prensa de que defienden la libertad de expresión y los derechos y garantías constitucionales, luego de una larga colaboración con las varias dictaduras militares que asolaron al país; la discriminación que ejercen contra las expresiones obreras; la manipulación informativa cuando se trata de las luchas populares; y la persecución sistemática a los luchadores sindicales.

Gráficos zona norte:

GOLPE DE ESTADO CONTRA EL PLENARIO DE DELEGADOS El contraste entre la pasividad de la cúpula del sindicato y la efervescencia de la base gráfica empieza a hacerse patente en todo el gremio. Hoy la manifestación más visible de esto – pero no la única – tiene lugar en la zona norte. La puesta en pie de nuevas comisiones internas (World Color, Cedinsa, Impresores son las más recientes) sumada a la presencia de Donnelley ha transformado la sede de Panamericana y Ruta 202 en un punto de confluencia de todas las tendencias que, en mayor o menor medida, son críticas a la conducción ongarista. Esto incluye al grupo kirchnerista que actuando dentro de la Lista Verde conquistó la representación oficial del gremio en la zona y desde hace un tiempo viene desarrollando una política de relativa apertura a la participación de los afiliados. Es claro que la pretensión de renovar un aparato anquilosado y dominado por una burocracia de casi medio siglo está condenada de antemano pero hasta ahora ha sido un factor progresivo. Un ejemplo de esto es el plenario de delegados, abierto a los activistas, que se convocó hace quince días para fijar una posición frente a la paritaria. En un gremio caracterizado por la más completa ausencia de deliberación colectiva no fue un hecho menor. Un plenario trunco El debate en esa oportunidad giró en torno a un pliego muy avanzado que plantea entre otras consignas el 40% en una sola cuota, el ajuste trimestral, los paritarios electos, la actualización de las categorías y la efectivización de los precarizados; además de reclamar el plenario general de delegados y solidarse con los luchadores perseguidos judicialmente como Hermosilla y Ottoboni. La votación se pospuso sin embargo por una semana con el propósito de consultar a las asambleas de cada fábrica y luego resolver con un mandato. Para los “verdes críticos”, empeñados en circunscribir la discusión solo al porcentaje de aumento, la postergación de la votación fue un regalo. Los que defendieron este procedimiento - delegados de Donnelley – confunden la democracia sindical con un democratísmo que obstaculiza, no potencia, las iniciativas. Claramente se podría haber votado - el cuerpo de delegados tiene suficiente representación para hacerlo - y luego impulsar asambleas por fábrica para refrendar el programa y desenvolver una gran agitación en todo el gremio llamando a seguir el ejemplo de la zona norte. La postergación le dio a los dirigentes de norte el tiempo que necesitaban para eludir una derrota y a la directiva la oportunidad de bajar a la sede a poner en caja una situación que amenazaba desmadrárseles: el plenario se levantó mediante un mensaje de texto girado a las internas. La suspensión del plenario fue sin dudas un “golpe de estado” contra el proceso de organización que se desenvuelve en la zona norte que deja entrever la mano del secretario de organización. Y ya sea que fue pergeñado en común o simplemente consentido, la realidad es que deja a los “verdes críticos” entongados con la misma porquería que dicen querer superar. ¿Qué hacer? La asamblea que de todos modos se autoconvocó en la puerta de la sede reunió unos 80 trabajadores de Donnelley y World Color en su mayoría, Cedinsa y una delegación de internas naranjas de otras zonas que incluyó a Interpack, Morvillo e Ipesa. Los verdes – que no participaron y permanecieron dentro del local – transmitieron que el levantamiento obedecía a que la presencia de las barras tergiversaba la verdadera relación de fuerzas. Algunos delegados de Donnelley propusieron rechazar el argumento y votar (¿ahora sí se podía votar?) que había que funcionar en asamblea abierta. El debate “asamblea de activistas” versus “cuerpo de delegados” no conduce a ningún lado y en rigor ambas posiciones constituyen las dos caras de una misma falacia. Ni los delegados pueden resolver al margen de la opinión de la base ni la participación de la base puede equivaler a la disolución del cuerpo de delegados. El plenario y la asamblea son “instituciones” que se complementan sin oponerse formalmente; son escalones que deben utilizarse ambos para motorizar la movilización más amplia posible. La Naranja propuso sacar un pronunciamiento denunciando el “golpe de estado” de la directiva y preparar, mediante una intensa agitación sobre todo el gremio y asambleas por taller, una movilización coordinada con otras internas para defender el pliego de reivindicaciones tal como se discutió. El cuadro de las paritarias se recalienta en todo el movimiento obrero y por primera vez en muchos años en nuestro gremio se plantea la posibilidad concreta de hacer oír la voz de la base gráfica. Miguel Bravetti

EL CONFLICTO DE AGR CLARÍN NO ESTA RESUELTO, OTRA VEZ EL MINISTERIO NO ACATA A LA JUSTICIA

- Inmediata reincorporación de Pablo Viñas en AGR- Clarín Jueves 10/03 16:00 hs Movilización al Ministerio de Trabajo en la sede de Leandro N. Alem En el reciente acta-acuerdo entre Clarín, el sindicato gráfico y Tomada, en la que se establece la reincorporación de 9 representantes gremiales despedidos por AGR-Clarín, por resolución de la justicia en todas las instancias laborales, fue excluido Pablo Viñas, militante del Partido Obrero y congresal de la Lista Naranja. Como precedente, el jueves 03/02 los delegados de AGR, vinculados al moyanismo, agredieron y amenazaron al congresal en el propio piso 18 de la sede ministerial de L. Alem, para apartarlo de la audiencia en la que se discutirían las reincorporaciones y a la que había sido autorizado a participar. La “desaparición” de Viñas del expediente ministerial y de las gestiones sindicales es una discriminación ilegal e inaceptable, y una afrenta a la voluntad del taller que en la última elección gremial voto mayoritariamente a la Lista Naranja por la cual hoy es congresal. Convocamos a todas las organizaciones políticas y gremiales a la movilización que realizaremos en las puertas del ministerio de trabajo para repudiar las agresiones y reclamar la inmediata y efectiva reincorporación de Pablo Viñas. Lista Naranja Gráfica Para comunicarse: Pablo Viñas: 1556539481 Miguel Bravetti: 1556181223

Tomemos las paritarias en nuestras manos

En un cuadro inflacionario ascendente las paritarias no tienen un rumbo definido todavía, o al menos la burocracia, la patronal y el gobierno encuentran cada día un nuevo obstáculo para diseñar una línea de contención a la presión obrera, incluso algunas precoces huelgas estivales. En un año electoral, el conjunto de la patronal no quiso dar un acuerdo marco que constituyera un respaldo de "gobernabilidad". El debate no parece ajeno a la crisis de la Unión Industrial, donde un sector pateó el tablero capitaneado por la súpersubsidiada Aluar, también dueña de Fate, súperprotegida de las importaciones chinas y coreanas de neumáticos. El gobierno apeló también a los íntimos capitales petroleros y mineros y parte de las burocracias sindicales del sector, con los que firmó acuerdos de paz social que no sirvieron de contención ni en sus propios gremios. La CGT moyanista, imposibilitada ya el año pasado de fijar un tope que discipline los salarios, se ha dado la táctica de hacer bandera con dos temas: la suba del mínimo no imponible de ganancias y la suba del tope para el cobro de los salarios familiares. El tema debe ser clarificado entre los trabajadores porque se trata de devolvernos algo que es nuestro y de lo cual estamos siendo despojados. Un millón y medio de asalariados tributan ganancias, cuando por definición se trata de un impuesto al capital. Para colmo la cantidad de trabajadores afectados presenta una trayectoria ascendente, porque las actualizaciones kirchneristas de la base imponible son menores a los promedios arrancados en las paritarias y aumentos fabriles, y más aún cuando buena parte de la reactivación económica es cubierta con extras y no con nuevos puestos de trabajo. Esto vale incluso en el Estado, porque el 30% del gremio docente tributa la gabela como consecuencia de que trabaja en doble cargo, lo que constituye un atentado al Estatuto docente, al ser humano que enseña y al que aprende. En el caso de los salarios familiares, que no se cobran en salarios más arriba de 4.800 pesos y tienen escala descendente según el monto, directamente están haciendo caja de la Anses con fuerte superávit, des-universalizando un salario por hijo cuando se llenan la boca con la asignación universal, como se ve financiada en parte por los propios trabajadores. Se impone la derogación del impuesto al salario y el cobro irrestricto y actualizado del salario familiar. La cuestión del mínimo será corregida, contra los dichos del atribulado Tomada, que negó que estuviera en la agenda, pero, ojo, su porcentaje, lo mismo que los aumentos estatales, tratarán de ser tomados por el ministro-candidato como la referencia que Moyano, Yasky y compañía no están en condiciones de garantizar. El tema no es menor porque se trata del ministerio que después hace caer el peso arbitral del Estado para controlar las huelgas que luchan por una verdadera recomposición salarial. Otro recurso de emergencia busca ser instrumentado por la burocracia petrolera de la patagonia, la participación en ganancias, inspirada en el proyecto Recalde que le sirvió a Moyano para discursear en River y que luego la presidenta le mandó a archivar. Confirmando nuestro análisis -a contramano de una entusiasmada izquierda- este proyecto busca ser usado para rebajar el reclamo de aumento a la plantilla salarial -del 40%, en el caso petrolero. Sin apertura de los libros empresarios, y aplicado sólo a grandes empresas, es estéril y un factor de división del movimiento obrero. Moyano ha vuelto con la muletilla de que no hay "piso ni techo", pero mientras tanto la UOM, sin mandato de ninguna naturaleza, ha hecho dos movimientos decisivos. Firmó en Peugeot el laudo 29 automotriz metalúrgico, 15% por seis meses. Después del retraso de los años anteriores, el aumento es una entregada, basta ver que el básico se va a cuatro mil pesos, lo cual en la industria automotriz es la última miseria. Con un aumento de este tipo, la rama 17 -que abarca a la inmensa mayoría de la UOM- se iría a un básico de 2.500 pesos, una auténtica canasta de pobreza. El otro movimiento de la UOM ha sido presentarse al conjunto de la paritaria con un reclamo del 30% que nadie votó, destinado a sufrir rebajas como todo reclamo inicial, es decir una política a la medida de la patronal. Esta línea de firmar por seis meses "y vemos", lo mismo que las cuotas con las que vienen entregando el salario ante una inflación creciente, es música para los oídos patronales que ya adelantaron que remarcarán trasladando los aumentos a los precios, lo cual es una estafa porque, por esos aumentos pasados, precisamente, la recaudación tributaria aumentó un 40% en el 2010, claro indicativo del nivel de confiscación que sufrimos en las ramas privadas y en el Estado -que otorgó la mitad de ese porcentaje. En los gremios estatales, Yasky no está nada cómodo. Le han ofrecido migajas a Ctera, cuando empiezan a moverse las aguas en las provincias patagónicas mucho antes del comienzo de clases. Hay que tomar el toro por las astas apoyados en las experiencias más avanzadas del movimiento obrero, como los 5.000 pesos de básico que arrancaron los aceiteros, y sobre esos importes reclamar cláusulas de actualización por inflación. Los aceiteros no consiguieron un gran porcentaje, sólo el 25%, pero sin cuotas y con una cláusula de revisión a mediados del año paritario si la inflación desborda. En realidad, tienen que fijarse actualizaciones en base a índices de universidades e institutos provinciales, bajo control periódico de los trabajadores, dada la destrucción del Indec. Otro tema vital de todo debate salarial es la incorporación al básico de todos los importes en negro y no remunerativos de distinto tipo que se han acumulado, especialmente con la excusa de la crisis 2008/2009. Si no es ahora, ¿cuándo? Por otro lado, a pocos meses del asesinato de Mariano, con la lucha de los tercerizados ferroviarios en pleno desarrollo, cuando una CGT regional como la del cordón industrial de San Lorenzo ha ido a la huelga por la equiparación y pase a planta de sus tercerizados, el tema de la efectivización de contratados y el pase a planta de tercerizados y de agencia es una bandera clave. Lo mismo ocurre con los planteos de recategorización, pendientes en infinitos gremios, como gráficos, metalúrgicos, papeleros y tantos otros, o los de aumento por antigüedad como en el subte (piden 2% por año), tienen que formar parte de un paquete de reivindicaciones a impulsar en cada gremio. El marco para desenvolver este programa es el de un desprestigio brutal de toda la burocracia sindical y de una crisis política, donde Moyano ha tenido que salir a rescatar a la mafia de Uatre, con Mesa de Enlace y todo, para salvar su propio pellejo. Más que nunca se trata de exigir paritarios elegidos en asamblea, con pliegos reivindicativos votados por esas asambleas, cuando los dirigentes sindicales pierden sus energías en los estrados judiciales y allanamientos a la mayoría de las obras sociales. Abramos el debate en las asambleas fabriles para condicionar y exigir que los reclamos sean votados por congresos de delegados con mandato y que toda la negociación sea informada y sometida a examen de los trabajadores. • 5.000 pesos de salario básico. • Actualización por inflación.Incorporación al básico de todo monto en negro. • Recategorización. • Pase a planta de todos los tercerizados y contratados. • Anulación del impuesto al salario. • Salario familiar sin topes. • Asambleas de base para mandatar a los sindicatos. Néstor Pitrola