viernes, 20 de julio de 2018

El FMI exige avanzar contra trabajadores y jubilados




El FMI dio a conocer los detalles del plan de ajuste que exige a la Argentina, como condición para la línea de “asistencia” (desembolsos parciales), anunciada hace más de un mes. Esta “letra chica” anticipa un cimbronazo contra trabajadores y jubilados:


• el Fondo exige el recorte de los empleados públicos “no prioritarios”, un término suficientemente vago como para meter en la bolsa a miles de trabajadores estatales. Si se tiene en cuenta la elevada precarización del empleo público -una “herencia recibida” del kirchnerismo-, el macrismo podrá servirse del mero vencimiento de contratos para dejar sin trabajo a muchos de los que hoy revistan en el Estado;

• para estos mismos estatales, el FMI receta un aumento nominal máximo del 8% en sus salarios. Por caso, y si el gobierno lograra la “hazaña” de bajar la inflación de 2019 al 17 ó 20%, ello implicaría una caída de los salarios del Estado de unos 10 puntos, a lo que se suma un 10 ó 15% de pérdida del poder adquisitivo del año en curso. De ese modo, maestros, empleados y trabajadores de la salud pública habrían perdido la cuarta parte de su salario en dos años;

• el FMI vuelve con la ‘recomendación’ de rematar el Fondo de Garantía de la Anses, para usarlo en el pago de deudas por juicios jubilatorios. Pero con ese fin, el gobierno había impulsado un megablanqueo, revelando que esos fondos se están utilizando con otros fines. El remate del Fondo de Garantía, ni qué decirlo, prepara las condiciones para una nueva reforma previsional, que eleve la edad jubilatoria y abra paso a una reprivatización del sistema;

• el texto prevé la venta de tierras públicas para cubrir las “necesidades de financiamiento” (pago de deuda). Ratifica, por lo tanto, una orientación que también viene cabalgando desde el gobierno anterior: el remate del suelo en favor de grupos privados, que se lleva adelante desde la creación de la Agencia de Bienes del Estado, bajo la administración de CFK;

• el Fondo reclama que prosiga la reducción drástica de subsidios a la energía -o sea, nuevos tarifazos en puerta. A su turno, emplaza al gobierno a avanzar en el ajuste a las provincias, del orden de los 150.000 millones de pesos para 2019.

Abriendo el paraguas

Varios observadores alertaron sobre la demora incurrida por el Fondo en dar a conocer este texto, si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido desde el anuncio del acuerdo con el gobierno. Según parece, varios miembros de su directorio pusieron en tela de juicio la ‘sustentabilidad’ del plan de ajuste, al observar que ni el anuncio del acuerdo con el FMI había logrado frenar la corrida cambiaria y la caída de todos los activos argentinos, desde las acciones hasta los títulos públicos.

Esa desconfianza en el rumbo oficial ha quedado estampada en esta letra chica y su pronóstico sobre el supuesto rescate de Argentina.

El documento señala que “persisten riesgos considerables para la sustentabilidad de la deuda” a causa de “la gran participación de la deuda en moneda extranjera” y las “grandes necesidades de financiamiento externo que, según la experiencia internacional, ha demostrado ser un fuerte predictor de una crisis de deuda” (sic). El FMI no se priva de promover una brutal exacción contra trabajadores y jubilados… pero sin la menor expectativa de eximir a la Argentina de una cesación de pagos. Más bien, abre el paraguas en relación con un defol, y llama a cuidar… al propio FMI, cuya “liquidez podría quedar comprometida” por el elevado monto del programa de “socorro” a la Argentina. Con este argumento, el Fondo endurecerá las condiciones para los próximos desembolsos prometidos al país.

Los choques que se vienen

Más allá de los ataques a los trabajadores, el memorándum abre un frente de crisis al interior de la burguesía, de la coalición de gobierno y -en general- de todos los bloques capitalistas, cuando plantea frenar la baja de las retenciones al agro e incluso congelar las reducciones previstas en los aportes patronales y otras rebajas de impuestos, en nombre del ajuste fiscal. De este modo, la frazada chica de la bancarrota nacional “destapa” parcialmente a los sojeros y a la gran burguesía, en aras de asegurar el pago de la deuda. Además de augurar choques de fondo con los explotados, el plan fondomonetarista será un factor de desintegración de la base social del gobierno. Por lo pronto, una parte de la UCR -fogoneada por los gobernadores de Mendoza y Jujuy- ha salido a pedir que no sigan bajando las retenciones, entrando en choque con los radicales ligados a la ‘pampa húmeda’. La prometida reducción de ingresos brutos en las provincias, prometidas en el pacto fiscal de fines de 2017, también entró en un cono de sombras. En medio de estas tendencias disgregadoras, el FMI se preocupa por la “habilidad del gobierno para (que) las medidas que requieren sean aprobadas por el Congreso”.

El FMI advierte, entonces, sobre un posible defol político del gobierno. Y exige un acuerdo -al menos- parlamentario en torno del ajuste, que es lo que se ha empezado a tejer en las negociaciones con gobernadores respecto del Presupuesto 2019. En estas discusiones, los gobernadores defienden las prebendas de sus lobbies capitalistas, como los regímenes impositivos especiales. Pero están dispuestos a entregar el salario y el derecho al trabajo de miles de estatales, así como las conquistas previsionales de sus cajas.

Dejar hacer el “trabajo sucio”

No puede dejarse pasar, en este cuadro, el completo silencio de Cristina Kirchner en relación con el plan fondomonetarista. Muchos de sus enemigos -y también de sus aliados- lo atribuyen a una “táctica genial” para cargarle al macrismo el costo y la responsabilidad de la crisis. Pero lo que esto quiere decir, si se interpreta bien, es que el kirchnerismo no tiene la menor voluntad política de interferir en el ‘plan de guerra’ contra las masas. Los K no quieren derrotarlo, sino ofrecerse como alternativa o relevo una vez que el macrismo haya realizado el “trabajo sucio” del ajuste. En esa orientación, los K buscan alguna combinación política con el elenco de gobernadores y parlamentarios pejotistas que han caucionado al gobierno desde 2016 hasta hoy.

Pero a pesar de los que llaman a no hacer olas “hasta 2019”, la crisis nacional acelera su ritmo. El gobierno busca contener la fuga de capitales y una nueva corrida a costa de un endeudamiento recontrausurario y de muy corto plazo, lo que acentúa la recesión económica y desata los primeros síntomas de fractura en la cadena de pagos. Los nuevos tarifazos en puerta, junto a los despidos y la carestía, refuerzan la olla a presión de la insatisfacción popular.

En abierta contradicción con ello, la burocracia sindical sigue la ruta de los bloques patronales y sus diferentes modalidades de colaboración con el ajuste. El triunvirato de la CGT ha autoprorrogado su mandato para la colaboración indefinida con el gobierno. Las CTA, en sus diferentes versiones, le mandan “cartas a Mrs. Lagarde”, pero no han anunciado la menor iniciativa de lucha de cara a los despidos anunciados de estatales.

Es necesario que los trabajadores y sus organizaciones se pongan de pie para derrotar esta escalada sin futuro sobre el país y sus trabajadores. La oposición entre la escalada oficial y la pasividad de la burocracia plantea con más fuerza aún la lucha por un Congreso de delegados con mandatos de asamblea de todos los sindicatos, para resolver una lucha a fondo contra el plan de guerra de Macri y el FMI, comenzando por un paro activo de 36 horas. La bancarrota nacional, a su turno, plantea toda una agitación por una salida obrera a la crisis: repudio de la deuda usuraria, nacionalización de la banca y el comercio exterior, reorganización económica integral bajo la dirección de los trabajadores.

Los trabajadores de Argentina deben mirarse en el espejo de un continente convulsionado por la crisis capitalista y la rebelión popular, empujada por las medidas de guerra contra los trabajadores, como la reforma previsional (Nicaragua) o los tarifazos (Haití, Panamá). En esa perspectiva convulsiva debe considerarse la crisis del macrismo.

Por Marcelo Ramal


miércoles, 18 de julio de 2018

El Frente de Izquierda se movilizará contra el pacto de Macri, el FMI y los gobernadores



Ante la visita de Christine Lagarde



Con su visita a la Argentina, la presidenta del FMI viene a refrendar el plan de miseria social y entrega nacional que ha pactado con el gobierno de Macri. Entre otras medidas, impulsan despidos masivos y reducción del salario real de docentes y estatales; la liquidación del Fondo de Garantía del Anses y la acentuación de los tarifazos, para asegurar el pago de una deuda usuraria y fraudulenta. Este ajuste brutal pretende salvar al gobierno de Macri de la quiebra a la que ha conducido su propia política. Pero hasta el mismo FMI reconoce que la deuda argentina es impagable.

El Frente de Izquierda denuncia la connivencia y complicidad de la oposición patronal que, desde las gobernaciones y el Congreso, está pactando con el gobierno esas medidas de ajuste, y sólo pretende eximir de ellas a los sectores capitalistas a los cuales responden. En la misma línea, la burocracia sindical, en todas sus vertientes, no ha anunciado la menor respuesta de lucha ante los anuncios del FMI, por el contrario le han pedido una entrevista a la directora del FMI.

El Frente de Izquierda sostiene que sólo los trabajadores, con un programa propio y con su lucha, pueden darle una salida a esta crisis. Por eso planteamos: no pago de la deuda externa, nacionalización de la banca y el comercio exterior, por un plan económico de los trabajadores. Ningún despido, reapertura de las paritarias e indexación mensual de los salarios; 82% móvil y aumento de emergencia para los jubilados. Por un inmediato paro activo de 36 horas y un plan de lucha para derrotar el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores.

Al sometimiento imperialista que encarna el G20, le oponemos la unidad internacional de la clase obrera, por el gobierno de trabajadores y el socialismo.

Por todo esto, el FIT se concentra junto a otras organizaciones el sábado 21 a las 11 horas en Las Heras y Pueyrredón, para marchar desde allí al Centro de Convenciones donde se reunirá Lagarde con Macri y miembros del gobierno.

jueves, 12 de julio de 2018

12 DE JULIO: JORNADA NACIONAL DE LUCHA RESUELTA EN LANÚS


El clasismo gana la calle y marca un rumbo
Abajo el ajuste y el pacto Macri-FMI



El clasismo gana la calle y marca un rumboEl paro general del 25 de junio demostró con claridad el poder de fuego de la clase obrera y su predisposición a enfrentar los planes del macrismo. Sin embargo y tal como alertaba el documento votado en el Plenario de Lanús, “la CGT se vio obligada a llamar a esta medida por la presión creciente de las bases obreras, pero lo hace con el objetivo de descomprimir la bronca popular generalizada”.

Por eso, los piquetes y actos que la izquierda y el clasismo protagonizaron ese día apuntaron a exigir la continuidad “mediante un nuevo paro de 36 horas con movilización a Plaza de Mayo”. Con este mismo objetivo, cumpliendo con otra de las resoluciones del Plenario, el jueves 12 el Sindicalismo Combativo se movilizará de Congreso a Plaza de Mayo y en varias provincias del interior. Al reclamo de un nuevo paro se agrega el rechazo al pacto Macri-FMI, a los despidos, el reclamo de paritarias, la solidaridad con la luchas en curso y por la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito.

De la marcha de Capital participaran el Sutna, la UF Oeste, la AGD que votó el No Inicio de clases luego del receso, Ademys y los Suteba Multicolor, que resolvieron retener tareas en reclamo de los salarios adeudados por María Eugenia Vidal, y la comisión interna de Télam, especialmente invitada a hablar en el acto.

 En Córdoba, la movilización partirá desde el sindicato de Luz y Fuerza, en lucha por su convenio y por una Epec estatal; en Rosario, desde la Bolsa de Comercio, junto a delegados de La Virginia que enfrenta despidos y una intervención de gendarmería; en Neuquén junto a Aten y el SOENC, que reclama la expropiación de cerámica Neuquén; en Tucumán desde la Casa histórica junto a docentes universitario de Adiunt, el Site de Salud y otros; también habrá actos y movilizaciones en Mar del Plata y otras ciudades del interior. 

 Significado

 La oportunidad de la jornada del 12 no podría ser mayor; en lugar de aprovechar el impulso del 25 de junio para redoblar las medidas, la burocracia calcula cómo utilizar el capital “prestado” (usurpado) del paro exitoso para sus propios fines.

Para el bloque de los Gordos y los Independientes, representa la chance de esquivar el prometido Confederal del 22 de agosto y prorrogar hasta 2019 el desgastado triunvirato, sorteando la amenaza de Moyano y de un amplio conglomerado que, además de los camioneros y la Corriente Federal, de Sergio Palazzo, sumó a Antonio Caló de la UOM, a Ricardo Pignanelli del Smata y a los gremios del Movimiento de Acción Sindical Argentino del taxista Omar Viviani. En pocas horas se reunirá el Consejo Directivo y la disputa por los 36 votos está al rojo vivo.

Los defensores de mantener todo como está esgrimen un argumento de peso: “No estamos en condiciones de reformular nada; tenemos un gobierno débil que si le pones una CGT dura enfrente lo tirás a la mierda”. Es una excusa para justificar la parálisis delante de las urgentes reivindicaciones planteadas. El moyanismo promete, en caso de prosperar la maniobra de los Gordos, llevar la disputa al nuevo congreso normalizador que debe reunirse antes de fin de año, o incluso fracturar la central.

Por fuera de la CGT, Moyano, que cuenta con el apoyo de la CTA-Yasky y los movimientos sociales ligados al Vaticano -los pilares de la Multisectorial 21F- tampoco busca llevar la confrontación hasta la derrota del gobierno. Se contenta con denunciar “la entrega de la Patria” ritualmente en los feriados y presionar por “una concertación económica y social” para evitar un desmadre de la crisis. Le temen a las consecuencias sociales convulsivas del pacto con el FMI y trabajan por apuntalar el recambio electoral en 2019.

La M21F, que se expande territorialmente tiene una fuerte injerencia de los obispos locales, siguiendo el modelo del “Diálogo Argentino” que diseñó Jorge Bergoglio luego de la crisis de 2001.

Programa y plan de acción

Mientras Macri acaba de acordar con la mesa chica de los radicales impulsar un compromiso con los gobernadores del PJ para avanzar en un ajuste draconiano, la burocracia sindical reafirma su función de dique de contención del movimiento obrero.

A la luz de esto, el plenario de Lanús cobra un relieve cada vez mayor. Tanto por su programa -que combina reivindicaciones urgentes con medidas de fondo, que representan una salida anticapitalista a la crisis en desarrollo- como por su plan de movilización, que continuará con la organización de nuevos plenarios regionales y provinciales. Se trata de un gran reagrupamiento de fuerzas de cara a los choques y reacciones que la ofensiva de un gobierno en crisis seguramente provocará.

Miguel Bravetti

jueves, 5 de julio de 2018