BASTA DE DESPIDOS EN INTERPACK

               Desde hace años venimos denunciando la política del Grupo Zupan de reducir los planteles y modificar las condiciones de trabajo; no solo en las plantas de Interpack, sino también en el resto del Grupo. Los recientes despidos en la Planta 2, son parte de ésta orientación, que avanza al amparo de un gobierno anti-obrero y una oposición peronista cómplice. 

          La recesión aumenta mes a mes. La capacidad ociosa en nuestra industria ya ronda el 60%, y se profundizará a partir del acuerdo con el FMI. Las patronales, aún afectadas por el cuadro general de la economía, aprovechan la oportunidad para avanzar contra los convenios y los salarios.

Los paritos aislados y sin continuidad no sirven para nada. La CGT transa con el gobierno y aísla las enormes luchas contra los despidos (Inti, Télam, Cresta Roja, Hospital Posadas, Astillero Rio Santiago, etc.) que han tenido lugar.

La Corriente Federal kirchnerista (encabezada por nuestro sindicato gráfico), que ahora integra el Frente Sindical junto a Hugo Moyano y Sergio Palazzo de La Bancaria, hace declaraciones críticas “para la tribuna”, pero no saca los pies del plato. La Federación Grafica dejó pasar miles de despidos y firmó paritarias a la baja.

Es hora de decir basta. La comisión interna de lnterpack 2, que se alinea con la Lista Verde, debería exigir que el gremio se ponga al frente de este conflicto, llame a un paro general de todos los gráficos por la reincorporación de todos los despedidos y convoque a todo el movimiento obrero a apoyar, con acciones, el reclamo.

Desde ya, los trabajadores de Interpack 1, su comisión interna y la Naranja Gráfica, nos solidarizamos y proponemos realizar una gran asamblea común, de ambas plantas, para discutir un plan de lucha unitario, en defensa de los puestos de trabajo, el convenio, los premios y conquistas salariales.

Trabajadores y comisión interna de planta 1

30/10/18

Macri-FMI, la letra chica del acuerdo colonial

La revelación del acuerdo entre el gobierno macrista y el FMI ha confirmado, en primer lugar, que el `organismo` no aportará recursos para ningún rescate de la Argentina. Los 57.000 millones de dólares totales de la “ayuda” al país sólo existen como garantía de última instancia para el pago de la deuda externa a los acreedores internacionales. Como prueba de ello, el Fondo ya aclaró que los primeros desembolsos de dinero quedarán en una cuenta “en reserva” del Banco Central, ya que el Tesoro “no tendrá necesidades de utilizarlos para su financiamiento”. Detrás de esta “falta de necesidad” está el brutal ajuste del gasto corriente resuelto en el presupuesto 2019, contra la salud, la educación, la obra pública y las provincias. Con esos recursos, el Fondo tampoco quiere alimentar corridas cambiarias: por eso, el acuerdo ratifica que la tasa de interés de referencia “no debe ser inferior al 60%”. O sea que consagra la política de colapso del crédito con la cual se ha frenado en las últimas semanas la devaluación de la moneda. No sorprende, en este cuadro, que los pronósticos del FMI anticipen un derrumbe económico todavía más agudo del que habían previsto sus propios técnicos y los funcionarios oficiales.

Abriendo el paraguas

En efecto: las perspectivas que el Fondo traza para la evolución del régimen macrista –y por lo tanto para el propio acuerdo con Argentina– se parecen más a un certificado de defunción que a un diagnóstico. El Fondo considera a la deuda argentina “sustentable, pero no con alta probabilidad” (sic). O sea que abre el paraguas frente a una crisis de deuda que conduzca a un defolt concertado –“reprogramación” – o a un desbarranque aún mayor. En ese sentido, el `diagnóstico` fondomonetarista se ampara repetidamente en la crisis financiera global.

Pero estos pronósticos funestos tienen un claro objetivo: abrir la puerta a una escalada todavía más grave contra trabajadores y jubilados. El informe del FMI no escatima críticas al ajuste macrista, al que califica de “baja calidad”. Sin decirlo, se refiere a que el recorte del gasto se ha fundado, hasta ahora, en la brutal devaluación de la moneda, que ha licuado los desembolsos en salarios, jubilaciones y gastos sociales. Una revaluación, se queja el Fondo, elevaría a su turno a estos gastos medidos en dólares. La receta que emerge de ello es clara: por un lado, un plan de despidos masivos en el Estado, que el gobierno buscará ejecutar parcialmente con el vencimiento de contratos precarios a fines de este año. Del otro lado, el acuerdo Macri-FMI es muy claro al indicar “una nueva reforma del sistema de pensiones”. Además de la eliminación de regímenes especiales conquistados por diferentes gremios, y que ya se anticipa en el presupuesto 2019, Washington y el gobierno van por el aumento de la edad jubilatoria. Este es el acuerdo colonial y antiobrero que contó con el cheque en blanco del Congreso, cuando los diputados del gobierno y el pejota votaron el presupuesto de ajuste. La base de estos recortes, a su turno, fue acordada con un amplio abanico de gobernadores que incluyó a Alicia Kirchner.

En la tarde en que se conoció el acuerdo, llamó la atención que los bonos argentinos nominados en dólares no experimentaran repunte alguno. Algún operador destacó que “el apetito del mercado argentino se concentra en el corto plazo”. O sea, en el aprovechamiento de la transitoria bicicleta que aportan las tasas de interés exorbitantes y el dólar por ahora estable. Los propios especuladores –al igual que el FMI– no creen en el acuerdo brutal que le han impuesto a la Argentina. Pero en nombre de este pacto sin futuro, pretenden imponerle una masacre social al país. Más que nunca: Congreso de bases de las organizaciones obreras para resolver un paro activo y la preparación de la huelga general hasta derrotar el paquete fondomonetarista. Que se vayan el gobierno y el régimen entreguista, asamblea constituyente libre y soberana, que debe repudiar, en primer lugar, a este acuerdo colonial y a la deuda usuraria.

MARCELO RAMAL

24 de octubre: Rodear el Congreso contra el presupuesto del FMI

¡Fuera el nuevo pacto colonial y antiobrero!
¡No al pago de la deuda externa! Convocatoria de la Coordinadora Sindical Clasista.


El segundo acuerdo con el Fondo convirtió a la Argentina en un país colonial, y al gobierno de Macri y a todos los gobernadores del país, en virreyes recaudadores para garantir el pago de la deuda externa.

En lo que va del año, sufrimos una devaluación del 120%.

Para frenar el aumento del dólar, Macri armó una nueva bicicleta financiera, las “letras de liquidez”, un nuevo negociado para los bancos que ganarán fortunas con tasas del 75% de interés.

Los “liberales capitalistas” con esas tasas bloquean el crédito sin el cual la economía no funciona, hundiendo al país en una recesión inimaginable.

Se derrumba la producción industrial, cierran fábricas cada día y despiden en masa en el Estado. Hay casi dos millones de desempleados, y prácticamente la mitad de ellos concentrados en la provincia de Buenos Aires.

En medio de este cuadro contra la clase obrera, otros dos millones de trabajadores, jubilados y pensionados pagan impuesto a las ganancias. Desde 2015, 560.000 trabajadores más.

Macri y los gobernadores quieren profundizar el ajuste. El presupuesto que el gobierno busca aprobar con el voto de la oposición pejotista implica una reducción de $500.000 millones, que los trabajadores pagaremos con más tarifazos, impuestos y reducción de la salud y la educación públicas, parate de obras, ahogo de las provincias, desfinanciamiento del Anses mediante rebaja de aportes patronales y rebaja real de salarios, jubilaciones y AUH.

Así las cosas, Macri fue a Nueva York a plantear su reelección para completar esta “obra de transformación”

Paremos esta sangría contra la clase trabajadora

La burocracia colaboracionista de la CGT, covocan una paro dominguero cada tantos meses, para seguir entregando al movimiento obrero y a sus grandes luchas: el INTI, Telam, los mineros del Turbio, el Posadas, la gran huelga universitaria, entre tantas otras.

Junto al pejota-kirchnerismo, son del club de “hay 2019”. Son los que nos piden a los trabajadores que el año próximo votemos bien, pero si llegan al gobierno ya han dicho que el pacto con el FMI y el pago de la deuda externa, no se puede tocar.

El sindicalismo opositor del 21F convoca el 20 de octubre a Luján, a rezar con la Iglesia que oficia de frenadora de las luchas obreras, para devolver los favores de la no aprobación del aborto legal y del bloqueo a la educación sexual integral en las escuelas.

La lucha es ahora. Es ellos o nosotros. Necesitamos una política para derrotarlos y abrir una salida económica, social y política en beneficio de los trabajadores. Para ello proponemos que se vaya Macri y se convoque una Asamblea Constituyente que mediante el voto popular decida una reorganización del país en beneficio de la mayoría trabajadora.

El triunviro Schmid ha renunciado en la cúpula de la CGT. Frente a la crisis de la CGT, reclamamos congresos de delegados mandatados por la base, para resolver y organizar un plan de lucha hasta la huelga general que derrote al gobierno hambreador.

Por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, ocupación de fábrica, empresa o repartición que despida o cierre, por la reapertura incondicional de las paritarias; aumento del 45 % con cláusula gatillo, por la duplicación de la jubilación mínima, aumento de emergencia a los jubilados, duplicación de la AUH y de todos los planes, los trabajadores debemos intervenir para que la crisis la paguen los capitalistas.

¡Fuera el FMI! ¡No pago de la deuda externa! ¡Derrotemos el ajuste!

El día que se trate el presupuesto, ¡Todos al Congreso para que no se vote!

¡Fuera MACRI, Asamblea Constituyente libre, soberana y con poder!

Con estas consignas, nos movilizaremos con el Plenario Sindical Combativo.

Por Coordinadora Sindical Clasista - PO

Al megatarifazo lo derrotamos en las calles

Foto: Javier Entrerriano

Con su publicación en el Boletín Oficial, el gobierno avanza con el nuevo tarifazo del gas. Esta vez, con un aditamento: además de la cuota de aumento prevista para el periodo octubre 2018-abril 2019, los consumidores deberemos pagar a las empresas distribuidoras una “compensación” por la devaluación del 100% entre abril pasado y octubre. El gas acumulaba hasta ahora un incremento del 800% desde que se  inició el “sendero de aumentos” –o, mejor dicho, la política del “tarifazo permanente”–, un año y medio atrás. 

El nuevo aumento supera el 50% para los hogares que consumen hasta 1000 metros cúbicos anuales, lo que abarca al 70% de los usuarios en CABA, Gran Buenos Aires, Litoral y Centro y Norte del país. Para los consumidores del segmento siguiente –hasta 1200 metros cúbicos–, el aumento es del 30%, mientras que para las pequeñas empresas el aumento llegaría al 120%. 

Para las familias más pobres, el aumento es mayor, porque la tarifa social, con la que los voceros del gobierno sostenían que se establecerían precios “racionales” según capacidad de pago de los consumidores, a partir de ahora solamente cubrirá una parte mínima del consumo mensual –lo que representa, en promedio, aproximadamente el 25% del consumo. 

Ahora bien, se suma la decisión de que los consumidores “compensemos” a las empresas –cuyos contratos se encuentran dolarizados– por la devaluación. Ocurre que el presente tarifazo se calculó sobre la base de un dólar a $20,45, en abril, y desde entonces la moneda se devaluó un 100%. Sin embargo, este megatarifazo es ilegal, porque se calcula sobre un consumo que ya fue pagado por los usuarios. Es lo que señala el fiscal Marijuan, que acaba de presentar una denuncia penal contra el secretario de Energía, Javier Iguacel, por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En su defensa, Iguacel sostiene que habrían “llovido juicios al Estado” si no aplicaba la suba. 

El gobierno enfrenta la inviabilidad de su plan económico. El repudio popular a que los trabajadores debamos compensar a pulpos extranjeros como Total y PAE es patente. Se trata de un cargo impagable para una población trabajadora cuyos aumentos salariales fueron del orden del 15% al 25%, en el mejor de los casos. Para amortiguar los efectos de la devaluación, el gobierno del “déficit cero” aumentó los subsidios a las empresas gasíferas, pero el retorno a una política de subsidios choca con los planes de ajuste fiscal y, fundamentalmente, con los compromisos asumidos por el gobierno con las petroleras. 

El megatarifazo ha dejado en evidencia el fracaso del plan oficial, que pretenden que lo paguemos los trabajadores –eso sí, en 24 cuotas. 

Este nuevo golpe al servicio de los pulpos petroleros lo derrotamos con la movilización popular. 

Es necesario rediscutir la reorganización del país y de la economía en una Asamblea Constituyente, que establezca la nacionalización sin pago de los recursos estratégicos y que esos recursos se pongan al servicio del desarrollo nacional y de las necesidades de los trabajadores.