El FMI dio a conocer los detalles del plan de ajuste que exige a la Argentina, como condición para la línea de “asistencia” (desembolsos parciales), anunciada hace más de un mes. Esta “letra chica” anticipa un cimbronazo contra trabajadores y jubilados:
• el Fondo exige el recorte de los empleados públicos “no prioritarios”, un término suficientemente vago como para meter en la bolsa a miles de trabajadores estatales. Si se tiene en cuenta la elevada precarización del empleo público -una “herencia recibida” del kirchnerismo-, el macrismo podrá servirse del mero vencimiento de contratos para dejar sin trabajo a muchos de los que hoy revistan en el Estado;
• para estos mismos estatales, el FMI receta un aumento nominal máximo del 8% en sus salarios. Por caso, y si el gobierno lograra la “hazaña” de bajar la inflación de 2019 al 17 ó 20%, ello implicaría una caída de los salarios del Estado de unos 10 puntos, a lo que se suma un 10 ó 15% de pérdida del poder adquisitivo del año en curso. De ese modo, maestros, empleados y trabajadores de la salud pública habrían perdido la cuarta parte de su salario en dos años;
• el FMI vuelve con la ‘recomendación’ de rematar el Fondo de Garantía de la Anses, para usarlo en el pago de deudas por juicios jubilatorios. Pero con ese fin, el gobierno había impulsado un megablanqueo, revelando que esos fondos se están utilizando con otros fines. El remate del Fondo de Garantía, ni qué decirlo, prepara las condiciones para una nueva reforma previsional, que eleve la edad jubilatoria y abra paso a una reprivatización del sistema;
• el texto prevé la venta de tierras públicas para cubrir las “necesidades de financiamiento” (pago de deuda). Ratifica, por lo tanto, una orientación que también viene cabalgando desde el gobierno anterior: el remate del suelo en favor de grupos privados, que se lleva adelante desde la creación de la Agencia de Bienes del Estado, bajo la administración de CFK;
• el Fondo reclama que prosiga la reducción drástica de subsidios a la energía -o sea, nuevos tarifazos en puerta. A su turno, emplaza al gobierno a avanzar en el ajuste a las provincias, del orden de los 150.000 millones de pesos para 2019.
Abriendo el paraguas
Varios observadores alertaron sobre la demora incurrida por el Fondo en dar a conocer este texto, si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido desde el anuncio del acuerdo con el gobierno. Según parece, varios miembros de su directorio pusieron en tela de juicio la ‘sustentabilidad’ del plan de ajuste, al observar que ni el anuncio del acuerdo con el FMI había logrado frenar la corrida cambiaria y la caída de todos los activos argentinos, desde las acciones hasta los títulos públicos.
Esa desconfianza en el rumbo oficial ha quedado estampada en esta letra chica y su pronóstico sobre el supuesto rescate de Argentina.
El documento señala que “persisten riesgos considerables para la sustentabilidad de la deuda” a causa de “la gran participación de la deuda en moneda extranjera” y las “grandes necesidades de financiamiento externo que, según la experiencia internacional, ha demostrado ser un fuerte predictor de una crisis de deuda” (sic). El FMI no se priva de promover una brutal exacción contra trabajadores y jubilados… pero sin la menor expectativa de eximir a la Argentina de una cesación de pagos. Más bien, abre el paraguas en relación con un defol, y llama a cuidar… al propio FMI, cuya “liquidez podría quedar comprometida” por el elevado monto del programa de “socorro” a la Argentina. Con este argumento, el Fondo endurecerá las condiciones para los próximos desembolsos prometidos al país.
Los choques que se vienen
Más allá de los ataques a los trabajadores, el memorándum abre un frente de crisis al interior de la burguesía, de la coalición de gobierno y -en general- de todos los bloques capitalistas, cuando plantea frenar la baja de las retenciones al agro e incluso congelar las reducciones previstas en los aportes patronales y otras rebajas de impuestos, en nombre del ajuste fiscal. De este modo, la frazada chica de la bancarrota nacional “destapa” parcialmente a los sojeros y a la gran burguesía, en aras de asegurar el pago de la deuda. Además de augurar choques de fondo con los explotados, el plan fondomonetarista será un factor de desintegración de la base social del gobierno. Por lo pronto, una parte de la UCR -fogoneada por los gobernadores de Mendoza y Jujuy- ha salido a pedir que no sigan bajando las retenciones, entrando en choque con los radicales ligados a la ‘pampa húmeda’. La prometida reducción de ingresos brutos en las provincias, prometidas en el pacto fiscal de fines de 2017, también entró en un cono de sombras. En medio de estas tendencias disgregadoras, el FMI se preocupa por la “habilidad del gobierno para (que) las medidas que requieren sean aprobadas por el Congreso”.
El FMI advierte, entonces, sobre un posible defol político del gobierno. Y exige un acuerdo -al menos- parlamentario en torno del ajuste, que es lo que se ha empezado a tejer en las negociaciones con gobernadores respecto del Presupuesto 2019. En estas discusiones, los gobernadores defienden las prebendas de sus lobbies capitalistas, como los regímenes impositivos especiales. Pero están dispuestos a entregar el salario y el derecho al trabajo de miles de estatales, así como las conquistas previsionales de sus cajas.
Dejar hacer el “trabajo sucio”
No puede dejarse pasar, en este cuadro, el completo silencio de Cristina Kirchner en relación con el plan fondomonetarista. Muchos de sus enemigos -y también de sus aliados- lo atribuyen a una “táctica genial” para cargarle al macrismo el costo y la responsabilidad de la crisis. Pero lo que esto quiere decir, si se interpreta bien, es que el kirchnerismo no tiene la menor voluntad política de interferir en el ‘plan de guerra’ contra las masas. Los K no quieren derrotarlo, sino ofrecerse como alternativa o relevo una vez que el macrismo haya realizado el “trabajo sucio” del ajuste. En esa orientación, los K buscan alguna combinación política con el elenco de gobernadores y parlamentarios pejotistas que han caucionado al gobierno desde 2016 hasta hoy.
Pero a pesar de los que llaman a no hacer olas “hasta 2019”, la crisis nacional acelera su ritmo. El gobierno busca contener la fuga de capitales y una nueva corrida a costa de un endeudamiento recontrausurario y de muy corto plazo, lo que acentúa la recesión económica y desata los primeros síntomas de fractura en la cadena de pagos. Los nuevos tarifazos en puerta, junto a los despidos y la carestía, refuerzan la olla a presión de la insatisfacción popular.
En abierta contradicción con ello, la burocracia sindical sigue la ruta de los bloques patronales y sus diferentes modalidades de colaboración con el ajuste. El triunvirato de la CGT ha autoprorrogado su mandato para la colaboración indefinida con el gobierno. Las CTA, en sus diferentes versiones, le mandan “cartas a Mrs. Lagarde”, pero no han anunciado la menor iniciativa de lucha de cara a los despidos anunciados de estatales.
Es necesario que los trabajadores y sus organizaciones se pongan de pie para derrotar esta escalada sin futuro sobre el país y sus trabajadores. La oposición entre la escalada oficial y la pasividad de la burocracia plantea con más fuerza aún la lucha por un Congreso de delegados con mandatos de asamblea de todos los sindicatos, para resolver una lucha a fondo contra el plan de guerra de Macri y el FMI, comenzando por un paro activo de 36 horas. La bancarrota nacional, a su turno, plantea toda una agitación por una salida obrera a la crisis: repudio de la deuda usuraria, nacionalización de la banca y el comercio exterior, reorganización económica integral bajo la dirección de los trabajadores.
Los trabajadores de Argentina deben mirarse en el espejo de un continente convulsionado por la crisis capitalista y la rebelión popular, empujada por las medidas de guerra contra los trabajadores, como la reforma previsional (Nicaragua) o los tarifazos (Haití, Panamá). En esa perspectiva convulsiva debe considerarse la crisis del macrismo.
Por Marcelo Ramal
