AGR - CLARIN

      Convocatoria contra el ajuste y por una salida obrera

Los que en sus discursos repiten que, en los últimos años, empresarios, sojeros, automotrices, exportadores y banqueros la han "juntado con pala", pretenden que ahora la cuenta la paguemos los trabajadores. El contraste es brutal: la venta de diarios (incluido Clarín) no paga IVA para beneficio de las empresas de medios. Pero los trabajadores debemos pagar IVA cuando compramos alimentos para nuestras familias y los más calificados, además, también pagan un impuesto "a la ganancia" de la misma proporción de la que pagan empresarios con millones de facturación.

Este año la paritaria gráfica fue del 31 por ciento en cuotas, mientras la inflación va a superar el 40. Contra la rebaja de nuestro salario real planteamos la necesidad de luchar por la reapertura de las paritarias.

Las patronales pretenden descargar la crisis sobre los trabajadores, pero además especulan con ella buscando sacar ganancias extraordinarias.

Ahora, aprovechando el clima de "cesación de pagos" vemos cómo nuevamente comienzan movimientos en el mismo sentido. Los primeros en perder son los trabajadores; así, los compañeros de Donnelley han sufrido la fuga literal de la patronal y hoy están luchando en defensa de su fuente de trabajo. También ha habido despidos en Maggio, Cortiñas y Ramón Chozas, entre otras. En nuestro caso se vienen atrasando pagos con los empleados y endeudando con los proveedores, buscando generar un clima que deprima todo reclamo salarial y, tal vez, urdiendo una maniobra de más largo alcance.

Frente a esta situación, los sindicatos y las centrales obreras no dan respuestas; quienes comulgan con la CGT-Balcarce como nuestro sindicato, ven pasar el ajuste sin mover un dedo, salvo para frenar todo intento de lucha serio; la CGT-Azopardo convoca paros a cuenta gotas y pretende que los mismos sean sin ninguna expresión activa del movimiento obrero, mientras coquetean con variantes políticas que coinciden en una política ajustadora como Macri o Massa.

Por ello es necesario que la unidad contra el ajuste parta de una delimitación política con los ajustadores y una posición clasista, es decir independiente de la burocracia, el gobierno y las patronales y, por lo tanto, asociado a la izquierda. Toda pretensión de unificar la lucha, sin una definición en este sentido, sólo puede llevar al fracaso.

Los únicos que enfrentamos el ajuste somos los trabajadores y la Izquierda, enfrentando los despidos, la política contra el salario y la represión. Por ello convocamos a los

trabajadores y delegados de la zona sur de la Capital Federal, y a los compañeros de nuestro gremio gráfico a participar del Congreso de la izquierda y el movimiento obrero, convocado para el 8 de noviembre, donde ya proponemos como moción lanzar una gran campaña por la reapertura de las paritarias, para debatir entre todos un plan de lucha contra el ajuste y definir un programa obrero de salida frente a la crisis.

Comisión Interna AGR Clarín

Siguen las maniobras contra los trabajadores

DONNELLEY

Pasó poco más de un mes desde que la patronal yanqui abandonó la empresa y los trabajadores volvieron a ponerla parcialmente en funcionamiento.

Aunque el principal cliente de la ex Donnelley, Editorial Atlántida, sigue imprimiendo la mayor parte de sus revistas en la planta de Pacheco, los pagos por los últimos trabajos fueron retenidos por el síndico. El juez Santicchia, por su parte, se niega a liberar fondos de la cuenta corriente para los salarios (los trabajadores no han cobrado siquiera los días de agosto anteriores al cierre).

Los Repro prometidos por Tomada tampoco llegan y el dinero aportado por el sindicato fue bastante menos que la cifra que publicitó en una solicitada. Con la otra mano -denuncian los trabajadores-, el mismo gremio les cortó los servicios de la obra social.

El ahogo económico es parte de la "extorsión" dirigida a imponer una "salida cooperativa" según los moldes que han seguido otras empresas: transfiriendo a los trabajadores el muerto de la quiebra.

Si bien la parte del personal que defiende la continuidad (la mitad aproximadamente repudió la ocupación y se retiró) se pronunció por la estatización, la urgencia de contar con alguna plataforma legal que permita facturar terminó imponiendo -como medida transitoria, aclaran- la formación de una cooperativa.

En estos días se informó que, después de algunas dilaciones, el Inaes dio curso a la inscripción de MadyGraf (el nombre es un homenaje a la hija de Eduardo Ayala, dirigente de la fábrica), aunque faltarían ciertos "trámites administrativos".

Como se sabe "el diablo está en los detalles", así que habrá que seguir atentamente esos trámites que faltan; sin olvidar que la Justicia, el Inaes y el ongarismo son engranajes de

un único mecanismo (Orbaiceta, director del Inaes, es un estrecho aliado de la Federación Gráfica) que actúa todo el tiempo para canalizar el conflicto en los marcos estrechos de la reformada ley de quiebras y minar la autonomía de los trabajadores.

Días atrás, el juez anunció que enviaría técnicos para ingresar a la red interna y tomar datos que necesita (aunque dispone de varias fuentes de consulta: Anses, Afip, los bancos o el sindicato), mientras el síndico intentó -sin éxito- ingresar a la planta acompañado de un ex jerárquico de la patronal.

A fines de este mes, la Cámara de Diputados de la provincia podría dar tratamiento al proyecto de ley de expropiación presentado por el Frente de Izquierda. Según Cristián Castillo, del PTS, el FpV apoyaría el proyecto, pero rechazando cualquier variante de estatización. O sea que la expropiación sólo podría avanzar en función de la transformación de la empresa en cooperativa.

Es necesario un plenario de delegados para discutir un plan de lucha de todo el gremio. La comisión de seguimiento que propusimos (ver PO Nº 1.330) sería un polo de oposición a las maniobras estatales-burocráticas y un factor de movilización por la expropiación bajo control obrero, así como también para que sea el Estado el que asegure la continuidad de la producción y el respeto a todas las condiciones laborales y salariales.

Expropiación bajo control obrero.

Miguel Bravetti - Sebastian Rodriguez

Donnelley: rechacemos las extorsiones de Ongaro y Tomada

El último periódico del PTS publica un artículo titulado “Son o se hacen”, que resulta un compendio de falsedades dirigidas contra el PO y La Naranja Gráfica. Refutar cada una implicaría abusar del espacio acotado de este semanario.

Detengámonos aquí en lo que, tal vez, sea lo más pérfido. Dice el PTS: “Cuando la patronal buitre gerenciaba Donnelley, los gráficos de Morvillo… tuvieron una actitud reivindicable. Se negaron a imprimir trabajos que los vaciadores querían desviar a otras imprentas. Pero la semana pasada, con Donnelley bajo gestión obrera, Morvillo realizó un trabajo que correspondía a Donnelley, sin que sus delegados se negaran”.

Es la primera vez que el PTS hace referencia a lo que llaman “una actitud reivindicable”, que es presentada como un mero trámite. Rechazar los trabajos de Donnelley -en AGR, en Morvillo y, sobre todo, en Ipesa- obligó a parar máquinas y chocar fuertemente con nuestras patronales. No fue una ‘actitud’ sino una nueva expresión de una tradición inquebrantable de clase.

Lo que los críticos omiten sin el menor pudor es que mientras Morvillo e Ipesa luchaban, muchos de esos trabajos se imprimían en las cooperativas de La Red Gráfica. Estamos ante un operativo de encubrimiento de la burocracia sindical de Ongaro. El PTS y la Bordó, al revés, insisten en destacar “que el sindicato apoya”.

El rechazo de Morvillo e Ipesa a aceptar trabajos de Donnelley quebró el intento de esta patronal de imponer el Preventivo de Crisis, que perjudicaba enormemente a los compañeros de Donnelley. Ahora, en cambio, la continuidad productiva pasa por derrotar los mecanismos de la quiebra, que imponen duros golpes a los trabajadores. La burocracia de Ongaro, sin embargo, se ha convertido en cómplice de la quiebra. Ipesa comenzó a hacer los trabajos de Atlántida -cliente de Donnelley- solamente cuando los compañeros de Donnelley lo pidieron, esto para preservar su relación comercial con Editorial Atlántida, interrumpida por la quiebra. Sólo después de esto, las asambleas de base resolvieron dejar sin efecto los bloqueos.

El PTS ataca a los trabajadores de Morvillo, pero acepta que los trabajos de Donnelley se impriman en Ipesa, Arcángel Maggio, Step, Impresiones Barracas, Encuadernación Moreno y en Cooperativa Patricios.

Como ya señalamos antes (PO N° 1.329), hay en marcha un operativo piloteado por el sindicato, que involucra al juez y al Ministerio de Trabajo, para imponer una “salida” cooperativa, sin aclarar que ella supone dejar de cobrar las deudas laborales de Donnelley. La cooperativa podría ser funcional a la ‘red de cooperativas’ de la burocracia de Ongaro o al “nuevo inversor”. Szpolski negó todo interés pero hay en danza nombres ligados al grupo Televisa, dueño de Editorial Atlántida.

Buscando el aval de las dos terceras partes del personal que exige la ley de quiebras, la Verde de Ongaro impulsó un pronunciamiento a favor de la continuidad bajo distintas formas, una de ellas, la constitución de una “cooperativa”. De este modo, metió en la bolsa a los que se manifestaron partidarios de una estatización.

El juez de la quiebra, Santicchia, es un viejo conocido del ongarismo. Es el mismo que intervino y habilitó la conversión en cooperativas de las ex Dinam y Talleres Unión. Hace unos días, reunió a los clientes de Donnelley y es quien recepciona los pagos por los trabajos que salen del taller y controla los fondos de cuenta corriente de la patronal yanqui (que promete ir liberando a cuentagotas). ¡La burocracia, no ‘la gestión obrera’!

La Directiva dice haber recibido un “guiño” del juez para continuar con la producción “en los términos legales que corresponden” (comunicado de la FGB). El pilotaje de la burocracia ongarista incluye los Repro del gobierno, de 2.000 pesos por cada trabajador, “gestionados en el trabajo en común con el jefe de Gabinete y el ministro Tomada”, según informa la Federación Gráfica Bonaerense.

Impulsemos una Comisión de Seguimiento

El PTS busca distraer de las maniobras del juez, la burocracia y el ministerio, acusando al PO y La Naranja. Dice que su política es “embretar” al ongarismo, evitar “confrontarlo” (“no es igual que Pignanelli” nos dijeron).

Defendemos la expropiación de la planta sin indemnización alguna y su puesta en funcionamiento bajo gestión de los trabajadores, y en especial la garantía estatal de todas las condiciones salariales y laborales. Es una salida que requiere una lucha y denunciar las extorsiones oficiales.

¿Cuál es la política del PTS, la cooperativa y la pérdida de derechos laborales o la estatización? ¿O la estatización es para la tribuna, mientras se reúnen las firmas para los dos tercios exigidos en la quiebra?

Proponemos formar una Comisión de Seguimiento del conflicto, amplia, debatida y votada en el plenario de delegados, que asuma las tareas de apoyo, que reciba y difunda la información y que acompañe las negociaciones y reclamos ante la Justicia y el gobierno. Una comisión de este tipo actuaría como un control obrero de las cuentas y contratos de la quiebra, del accionar de la Justicia, de la intervención del ministerio y, junto al cuerpo de delegados de Donnelley, abordaría la cuestión de cualquier posible inversor. El punto clave en todas las variantes, es que los trabajadores preserven sus puestos, sus condiciones salariales y convencionales. Es decir, una comisión obrera para enfrentar las tremendas presiones capitalistas que actúan sobre los trabajadores de Donnelley.

Miguel Bravetti