DONNELLEY
Aunque el principal cliente de la ex Donnelley, Editorial Atlántida,
sigue imprimiendo la mayor parte de sus revistas en la planta de Pacheco, los
pagos por los últimos trabajos fueron retenidos por el síndico. El juez
Santicchia, por su parte, se niega a liberar fondos de la cuenta corriente para
los salarios (los trabajadores no han cobrado siquiera los días de agosto
anteriores al cierre).
Los Repro prometidos por Tomada tampoco llegan y el dinero aportado por
el sindicato fue bastante menos que la cifra que publicitó en una solicitada.
Con la otra mano -denuncian los trabajadores-, el mismo gremio les cortó los
servicios de la obra social.
El ahogo económico es parte de la "extorsión" dirigida a
imponer una "salida cooperativa" según los moldes que han seguido
otras empresas: transfiriendo a los trabajadores el muerto de la quiebra.
Si bien la parte del personal que defiende la continuidad (la mitad
aproximadamente repudió la ocupación y se retiró) se pronunció por la
estatización, la urgencia de contar con alguna plataforma legal que permita
facturar terminó imponiendo -como medida transitoria, aclaran- la formación de
una cooperativa.
En estos días se informó que, después de algunas dilaciones, el Inaes
dio curso a la inscripción de MadyGraf (el nombre es un homenaje a la hija de
Eduardo Ayala, dirigente de la fábrica), aunque faltarían ciertos
"trámites administrativos".
Como se sabe "el diablo está en los detalles", así que habrá
que seguir atentamente esos trámites que faltan; sin olvidar que la Justicia,
el Inaes y el ongarismo son engranajes de
un único mecanismo (Orbaiceta, director del Inaes, es un estrecho aliado
de la Federación Gráfica) que actúa todo el tiempo para canalizar el conflicto
en los marcos estrechos de la reformada ley de quiebras y minar la autonomía de
los trabajadores.
Días atrás, el juez anunció que enviaría técnicos para ingresar a la red
interna y tomar datos que necesita (aunque dispone de varias fuentes de
consulta: Anses, Afip, los bancos o el sindicato), mientras el síndico intentó
-sin éxito- ingresar a la planta acompañado de un ex jerárquico de la patronal.
A fines de este mes, la Cámara de Diputados de la provincia podría dar
tratamiento al proyecto de ley de expropiación presentado por el Frente de
Izquierda. Según Cristián Castillo, del PTS, el FpV apoyaría el proyecto, pero
rechazando cualquier variante de estatización. O sea que la expropiación sólo
podría avanzar en función de la transformación de la empresa en cooperativa.
Es necesario un plenario de delegados para discutir un plan de lucha de
todo el gremio. La comisión de seguimiento que propusimos (ver PO Nº 1.330)
sería un polo de oposición a las maniobras estatales-burocráticas y un factor
de movilización por la expropiación bajo control obrero, así como también para
que sea el Estado el que asegure la continuidad de la producción y el respeto a
todas las condiciones laborales y salariales.
Expropiación bajo control obrero.
Miguel Bravetti - Sebastian Rodriguez
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