El último periódico
del PTS publica un artículo titulado “Son o se hacen”, que resulta un compendio
de falsedades dirigidas contra el PO y La Naranja Gráfica. Refutar cada una
implicaría abusar del espacio acotado de este semanario.
Detengámonos aquí
en lo que, tal vez, sea lo más pérfido. Dice el PTS: “Cuando la patronal buitre
gerenciaba Donnelley, los gráficos de Morvillo… tuvieron una actitud
reivindicable. Se negaron a imprimir trabajos que los vaciadores querían
desviar a otras imprentas. Pero la semana pasada, con Donnelley bajo gestión
obrera, Morvillo realizó un trabajo que correspondía a Donnelley, sin que sus
delegados se negaran”.
Es la primera vez
que el PTS hace referencia a lo que llaman “una actitud reivindicable”, que es
presentada como un mero trámite. Rechazar los trabajos de Donnelley -en AGR, en
Morvillo y, sobre todo, en Ipesa- obligó a parar máquinas y chocar fuertemente
con nuestras patronales. No fue una ‘actitud’ sino una nueva expresión de una
tradición inquebrantable de clase.
Lo que los críticos
omiten sin el menor pudor es que mientras Morvillo e Ipesa luchaban, muchos de
esos trabajos se imprimían en las cooperativas de La Red Gráfica. Estamos ante
un operativo de encubrimiento de la burocracia sindical de Ongaro. El PTS y la
Bordó, al revés, insisten en destacar “que el sindicato apoya”.
El rechazo de
Morvillo e Ipesa a aceptar trabajos de Donnelley quebró el intento de esta
patronal de imponer el Preventivo de Crisis, que perjudicaba enormemente a los
compañeros de Donnelley. Ahora, en cambio, la continuidad productiva pasa por
derrotar los mecanismos de la quiebra, que imponen duros golpes a los
trabajadores. La burocracia de Ongaro, sin embargo, se ha convertido en
cómplice de la quiebra. Ipesa comenzó a hacer los trabajos de Atlántida
-cliente de Donnelley- solamente cuando los compañeros de Donnelley lo
pidieron, esto para preservar su relación comercial con Editorial Atlántida,
interrumpida por la quiebra. Sólo después de esto, las asambleas de base
resolvieron dejar sin efecto los bloqueos.
El PTS ataca a los
trabajadores de Morvillo, pero acepta que los trabajos de Donnelley se impriman
en Ipesa, Arcángel Maggio, Step, Impresiones Barracas, Encuadernación Moreno y
en Cooperativa Patricios.
Como ya señalamos
antes (PO N° 1.329), hay en marcha un operativo piloteado por el sindicato, que
involucra al juez y al Ministerio de Trabajo, para imponer una “salida”
cooperativa, sin aclarar que ella supone dejar de cobrar las deudas laborales
de Donnelley. La cooperativa podría ser funcional a la ‘red de cooperativas’ de
la burocracia de Ongaro o al “nuevo inversor”. Szpolski negó todo interés pero
hay en danza nombres ligados al grupo Televisa, dueño de Editorial Atlántida.
Buscando el aval de
las dos terceras partes del personal que exige la ley de quiebras, la Verde de
Ongaro impulsó un pronunciamiento a favor de la continuidad bajo distintas
formas, una de ellas, la constitución de una “cooperativa”. De este modo, metió
en la bolsa a los que se manifestaron partidarios de una estatización.
El juez de la
quiebra, Santicchia, es un viejo conocido del ongarismo. Es el mismo que
intervino y habilitó la conversión en cooperativas de las ex Dinam y Talleres
Unión. Hace unos días, reunió a los clientes de Donnelley y es quien recepciona
los pagos por los trabajos que salen del taller y controla los fondos de cuenta
corriente de la patronal yanqui (que promete ir liberando a cuentagotas). ¡La burocracia,
no ‘la gestión obrera’!
La Directiva dice
haber recibido un “guiño” del juez para continuar con la producción “en los
términos legales que corresponden” (comunicado de la FGB). El pilotaje de la
burocracia ongarista incluye los Repro del gobierno, de 2.000 pesos por cada
trabajador, “gestionados en el trabajo en común con el jefe de Gabinete y el
ministro Tomada”, según informa la Federación Gráfica Bonaerense.
Impulsemos una
Comisión de Seguimiento
El PTS busca
distraer de las maniobras del juez, la burocracia y el ministerio, acusando al
PO y La Naranja. Dice que su política es “embretar” al ongarismo, evitar
“confrontarlo” (“no es igual que Pignanelli” nos dijeron).
Defendemos la
expropiación de la planta sin indemnización alguna y su puesta en funcionamiento
bajo gestión de los trabajadores, y en especial la garantía estatal de todas
las condiciones salariales y laborales. Es una salida que requiere una lucha y
denunciar las extorsiones oficiales.
¿Cuál es la
política del PTS, la cooperativa y la pérdida de derechos laborales o la
estatización? ¿O la estatización es para la tribuna, mientras se reúnen las
firmas para los dos tercios exigidos en la quiebra?
Proponemos formar
una Comisión de Seguimiento del conflicto, amplia, debatida y votada en el
plenario de delegados, que asuma las tareas de apoyo, que reciba y difunda la
información y que acompañe las negociaciones y reclamos ante la Justicia y el
gobierno. Una comisión de este tipo actuaría como un control obrero de las
cuentas y contratos de la quiebra, del accionar de la Justicia, de la
intervención del ministerio y, junto al cuerpo de delegados de Donnelley,
abordaría la cuestión de cualquier posible inversor. El punto clave en todas
las variantes, es que los trabajadores preserven sus puestos, sus condiciones
salariales y convencionales. Es decir, una comisión obrera para enfrentar las
tremendas presiones capitalistas que actúan sobre los trabajadores de
Donnelley.
Miguel Bravetti
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